VILLA CARTON: Y AHORA ¿QUIEN TIENE LA CULPA?

El Asesor Tutelar dijo que el gobierno se olvidó de los habitantes de Villa Cartón.
El discurso oficial habla de destinar viviendas que se construirían para ellos en Varela y Cruz. Eso es imposible y lo saben perfectamente los funcionarios a cargo del área. Recordemos la furia de los vecinos de Soldati. Crónica TV transmitió en vivo y en directo el papelón que pasaron Freidin y compañía cuando los vecinos los echaron de una asamblea…
Respecto de las espantosas condiciones en las que viven los pobladores del nuevo campo de refugiados sociales, el actual presidente - gato del IVC, ex funcionario menemista del Plan Arraigo; ex coordinador del lamentable Programa Mejor Vivir; ex Interventor, ex Presidente pre intervención y autopostulado futuro miembro del Directorio (por la oposición) del hoy más desprestigiado que nunca IVC, sostuvo que las acciones que se llevaron a cabo mejoraron notablemente la calidad de vida de esos habitantes de esta Ciudad. "Están mejor que en el asentamiento", según Noticias Urbanas del 27/7/07, aunque parezca un titular de la revista Barcelona.
Pobres hubo siempre, pareciera decir, recordando a su innombrable mentor...

Freidin se quedó sin discurso. Su problema es que ahora, en retirada, desaparecida la necesidad de acumulación política impuesta por la coyuntura electoral, ya no parece tener sentido encontrar culpables.
Por las dudas, que a Gabriel Fucks no se le vaya a ocurrir pasar cerca del Parque Roca.

EL COLAPSO DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Es repetitivo pero hay que decirlo de todos modos. El Gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires es completamente inoperante en materia habitacional y ha perdido definitivamente la capacidad de gestión y hasta de contención del reclamo social que sus propias acciones fomentan y potencian.
Las protestas se suceden sin solución de continuidad y cada vez con más frecuencia repercuten directamente en Bolivar 1.
Ahora fueron integrantes de cooperativas de vivienda que reclamaban a Telerman el “pago” por su colaboración en la campaña electoral, lo que se traduciría en la reactivación del Programa de Autogestión para la Vivienda desarticulado por el Instituto de Vivienda. La semana pasada vecinos de La Boca cooperativizados hacían idéntico reclamo, aunque con motivos diferentes. En ese caso no se reclamaba ningún “pago”.
Otros vecinos del mismo barrio empapelaron Carlos Pellegrini 211 con la foto de la nena fallecida en el incendio del conventillo de la calle Necochea.
Antes de esto, vecinos del Barrio Zavaleta reclamaron por viviendas cuya entrega, de acuerdo a lo prometido en su momento por el IVC, debió haberse realizado hace más o menos un año. Al día siguiente, la Coordinadora de Villas resucitó para reclamar contra los permanentes cortes de luz que afectan a las barriadas más pobres de la Ciudad.
Unos días antes se producía el violento desalojo de terrenos linderos con el Palacio Tomás A. Ducó, la cancha de Huracán. Las Madres, entretanto, reclamaron al Jefe de Gobierno seguridades en torno a la continuidad de los planes de vivienda encarados por la Organización en Los Piletones y en la Villa 15.
De la clase media, ni hablar. Se desarticuló el Programa Vivienda Porteña. De hecho sobre la base de la ingeniería de este Programa se edifican las operatorias que anuncia el Gobierno Nacional, en cuya ejecución no se contempla la participación del IVC sino del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco Central.
Se han abandonado programas básicos y generales, como el de Rehabilitación de Conjuntos y Barrios u otros más específicos para situaciones que conllevan peligro cierto de derrumbe y cuya solución está prevista por leyes, como los casos del Conjunto Colonia Sola o el Barrio Comandante Luis Piedrabuena. No debiera extrañar una catástrofe edilicia –con las consecuentes responsabilidades penales- en cualquiera de estos escenarios.
Los créditos individuales se han frenado. Así lo indica la nota publicada por Clarín el sábado 21 de julio pasado. La causa sería un problema de planificación con repercusión presupuestaria. Sin embargo, se habrían pintado tres tanques de agua del Complejo de Soldati (los que se ven desde la Autopista). Se rumorea que al módico precio de U$S 100.000.- cada uno. Sin licitación.
Las obras están casi paralizadas.
Los planes nacionales no se están ejecutando. El Programa de mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir es un escándalo. En numerosos casos habrían existido empresas “fantasma” que cobraron anticipos financieros y no llevaron a cabo las obras. En otros, empresas reales sí hicieron las obras pero no cobraron lo convenido por defectos imperdonables en el diseño jurídico de la operatoria. Va a ser una fábrica de juicios.
Las sospechas sobre corrupción sistemática sobrevuelan el Organismo como hace muchos años que no ocurría.
Como si todo esto fuera poco, en los últimos días hubo dos noticias judiciales que también demuestran que lo que se afirma no es caprichoso: por una parte, un juez ordenó la provisión de agua en la villa 31 bis y la Cámara confirmó el fallo. De sus fundamentos surge una implícita denuncia por incumplimiento de normas locales, nacionales y de Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22).
Por la otra, el Ministerio Público denunció, amparo mediante, las deplorables condiciones en las que viven en el Parque Roca los trasladados ex habitantes de la incendiada Villa El Cartón, condiciones que sin embargo el gobierno reproduce para albergar allí a los habitantes de un asentamiento levantado en terrenos lindantes con el ex Ferrocarril Gral. San Martín. Al parecer, la nueva y superadora respuesta del gobierno para los más pobres son los campos de refugiados sociales. Por supuesto que esta práctica también es violatoria de un enorme listado de preceptos supraconstitucionales.

Es claramente una situación de colapso. ¿Qué colapsa? Una forma de gestionar de los funcionarios cuyas acciones persiguieron desde el primer día de su gestión un único objeto: satisfacer las “necesidades” que les impuso su proyecto de acumulación política, lo que por lo general ha llevado más a destruir lo hecho (bueno o malo) con anterioridad antes que a construir un programa.
Producido el fracaso electoral de Telerman y desvanecidas las expectativas de continuidad de los funcionarios, se produce una especie de desbande de recursos. Ni siquiera pueden cumplirse los compromisos asumidos políticamente por afuera de toda planificación.
Hasta las acusaciones públicas desaparecieron de la boca de los funcionarios a cargo del área, porque incluso esa práctica no se basaba en hechos reales sino en necesidades de instalación política.
Los artífices de esta fracasada estrategia de gestión y de acción política son el Presidente del IVC, ex funcionario menemista, y el Ministro de Planeamiento y Obras Públicas, operador de Carlos Grosso y ex Jefe de campaña de Macri en 2003. Ambos han incumplido no sólo sus propios acuerdos políticos sino la ley. A juzgar por los últimos acontecimientos, podría esperarles una temporada de paseo por Tribunales.
La inacción, la miopía y el autismo político de las autoridades del área, y el aval a sus políticas maniqueístas otorgado por el ilegítimo Jefe de Gobierno no son neutrales. Tienen un significado real en cuanto al rol del estado como árbitro o actor del conflicto social.
La creciente conflictividad que se manifiesta en materia sociohabitacional en la Ciudad de Buenos Aires demuestra que no hay espacio para prácticas irresponsables.

En un futuro inmediato, será en la resolución del conflicto sociohabitacional donde las sucesivas administraciones definirán su verdadera identidad ideológica, es decir, su verdadera mirada acerca de la sociedad y del estado.

Claudio G. Hoistacher

LA CONQUISTA DE RETIRO

Hace muchos años, la oligarquía dominante tenía que expandirse territorialmente para desarrollar el modelo exportador agrícola – ganadero que impulsaba la generación del ´80. Se organizó una expedición militar que tenía por objeto la conquista del desierto. Este desierto no estaba tan desierto: había aborígenes, es decir pobladores originarios de esa tierra, a los que en nombre del progreso se los expulsó violentamente y sin miramientos confinándolos en las tierras verdaderamente desérticas, inhóspitas. Los sobrevivientes fueron tolerados, pero en lugares inservibles para la explotación económica.

La cosa podría resumirse así: las clases económicamente más poderosas necesitaban aumentar la escala de su economía y por eso necesitaban afectar más tierra a las pasturas y a los cultivos. El obstáculo eran los indios, que militarmente eran inferiores.

¿Qué hizo el Estado? Proporcionó a los terratenientes la ley, la justicia y la fuerza. Es decir, predispuso todo su aparato en función de los objetivos de la clase económicamente dominante que, hay que decirlo, había ocupado el Estado y por eso era también la clase políticamente dominante.

Los resultados están a la vista.

Visto desde el punto de vista de la ocupación territorial, parece claro que el dominio se sustentaba en la ocupación de las tierras más ricas, aunque en ese caso su riqueza devenía simplemente de sus condiciones naturales para la utilización en actividades primarias. Es decir, no era necesaria ninguna otra intervención del estado para transformar esas extensiones de tierra en bienes económicamente relevantes.

Más de un siglo después, las condiciones han cambiado bastante: las clases dominantes ya no basan su dominio sólo en la explotación de la tierra; el país ha perdido su exclusivo perfil agrícola ganadero y por ende se necesita de acciones más complejas para la creación de valor, y el estado no es objeto de apropiación automática por parte de los ganadores del modelo. Deben someterlo al escrutinio popular periódicamente.

La historia reciente ha dado muestras de que el poder económico no siempre tiene un correlato lineal con el poder político.

Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires ha triunfado en las últimas elecciones una coalición ligada simbólica y materialmente a uno de los grupos favorecidos por el fenómeno de concentración de la economía que se ha profundizado en las últimas dos décadas del siglo veinte.

Conviene tener presente esto para procesar los gestos y las decisiones que se tomen en relación con la villa 31.

Con la villa 31 se pueden hacer tres cosas: radicarla, erradicarla o dejarla como está, es decir, en estado de anomia. Descartamos esta última alternativa porque no es una opción responsable.

La erradicación lisa y llana supone el traslado de sus actuales ocupantes a otras tierras y la ocupación de estas tierras por otros actores sociales. Este proceso podría realizarse por medios pacíficos o violentos.

La radicación implica la aplicación de un programa que contemple el asentamiento definitivo de al menos algunos de los actuales ocupantes y la integración de la tierra a la trama urbana.

En ambos casos se requiere la intervención estatal.

Desde el punto de vista material se puede afirmar que la acción estatal importa la generación de riquezas y la predisposición de las condiciones para su apropiación. Esto es válido tanto para el caso de radicación de la villa como para el caso de su erradicación.

La radicación ordenada implica una visión integrada de la ciudad y una distribución democrática y equitativa de los recursos creados por la acción estatal. Requiere de una clara intervención del estado para asentar allí no sólo viviendas sino también equipamiento urbano.

En cambio la erradicación supone la instalación de algún proyecto (en sentido amplio), que no va a ser objeto de apropiación por parte de ninguno de los actuales pobladores.

Ahora bien, Macri siempre sostuvo que la villa 31 debía ser erradicada. Es decir, desalojada para dar lugar al desarrollo del Proyecto Retiro o algún otro emprendimiento vinculado con los intereses inmobiliarios. A eso él denomina urbanización.

Pero hay que prestar más atención. Según Infobae del día 4 de agosto de 2007, el presunto Jefe de Gabinete del futuro gobierno PRO, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “erradicación no es la palabra”.

Y ahora se habla de buscar consensos.

Esto demuestra algo más que la atención y el cuidado que pone PRO en la elección y utilización de las palabras.

Pero la única verdad es la realidad.

Erradicación no es la palabra porque no es políticamente correcta. No se puede usar porque recuerda demasiado a la dictadura y porque muestra una cara de PRO (¿la verdadera?) políticamente impresentable. La que pretendería poner al estado al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía, replicando la fórmula de los conquistadores del desierto de hace un siglo.

No sea cosa que pase lo mismo que durante la campaña. No sea cosa que consensuar no sea un eufemismo más para esconder el soborno que se necesita para que de una vez por todas estos "negros de mierda" desocupen esa tierra, y urbanizar sea otro eufemismo para ocultar "los negocios de la gran puta" que podemos hacer ahí.

Claudio G. Hoistacher

TELERMAN CREE QUE MACRI NO ES INMORAL

Hazte la fama y échate a dormir. ¿Por que habría que creer en la buena fe de Telerman? Cómplice del derrocamiento de Ibarra encabezó un gobierno y un proyecto ilegítimo (no dije ilegal) desde el vamos, en el cual prevaleció siempre la ambición política de un personaje hasta no hace mucho completamente desconocido. La impronta circense de Telerman condicionó cada diagnóstico y por ende cada decisión gubernamental. Algunas acciones en su momento rutilantes, como las que sucedieron a las tomas de viviendas en el Bajo Flores o la relocalización de las familias de la Villa el Cartón, pueden ser vistas, con la perspectiva que otorga el paso del tiempo, como simples escenificaciones destinadas exclusivamente a cobrar legitimidad o a apuntalar la instalación del candidato otrora desconocido. En esos casos Telerman o caracterizados miembros de su troupe como la ministra Cerruti o el ministro Schiavi inventaban enemigos, a saber: las gestiones anteriores; los punteros ibarristas; el titular de Cascos Blancos, etc. etc. Nunca les interesó abordar y resolver los problemas reales que ahora explotan, salen a la luz todos los días. Telerman no se diferencia de Macri en el sentido que ambos dicen lo que el "mercado" quiere escuchar de la política. El discurso "eficientista" de Macri; el discurso "dialoguista" y amplio de Telerman... No es actual ni conducente la comparación de las calidades personales, profesionales o políticas de los ex candidatos porque las elecciones ya pasaron. Pero conviene no olvidar quien es quien, porque en última instancia lo único que no miente es su currículum... o su prontuario.

Claudio G. Hoistacher

EL FUTURO PERFIL DE LA POLÍTICA HABITACIONAL: QUE HACER CON LA VILLA 31

Tres veces fue noticia la villa 31 en estos últimos días.
Primero fue el Jefe de Gobierno electo, Ing. Mauricio Macri, quien sostuvo en los días previos a la realización de la segunda vuelta electoral que esa villa debía ser erradicada.
Luego, la villa fue noticia porque sus habitantes consiguieron la provisión que algunos servicios públicos, como telefonía y correo.
Por último, la justicia sancionó al ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad, el Ing. Agrónoma Juan Pablo Schiavi por no asegurar la eficiente provisión de agua potable en el asentamiento.
Parece claro que hay tres actitudes respecto a la villa 31: por una parte, hay una corriente de pensamiento que sostiene la necesidad de erradicar la villa; por la otra, hay sectores cuyos comportamientos podrían interpretarse como tendientes a la consolidación del barrio y hay una tercera postura al parecer híbrida.
1. El pensamiento expresado por Macri, es funcional a otras expresiones públicamente vertidas en el pasado reciente, que adjudican un altísimo valor inmobiliario a las tierras sobre las que se asienta la villa.
Está claro que para que eso ocurra es indispensable la acción estatal, cuyo contenido necesariamente debiera encerrar la solución a una discusión vinculada con la apropiación de la renta que la acción estatal generaría. Discusión, demás está decirlo, perfectamente presente para los actuales vecinos de la villa.
2. Los acuerdos a partir de los cuales se proveerá de servicios públicos a los habitantes de la villa pueden implicar un avance en un sentido completamente opuesto al que plantea el Jefe de Gobierno electo en la medida que signifiquen consolidar lo existente. Se supone que quien consume servicios de base fija, domiciliarios, asienta y consolida su domicilio allí donde recibe estos servicios. La prestación implica el reconocimiento de una situación de hecho y al día de hoy no parece que esto genere grandes conflictos a nivel estatal.
3. Se podría considerar que la posición del Gobierno actual de la Ciudad es indefinida, porque no lleva adelante acciones tendientes a la radicación de la villa ni tampoco a su erradicación. Proporciona (mal) algunos servicios y no tiene política clara ni respecto de este ni respecto de ninguna otra situación vinculada con el problema habitacional de la Ciudad, a no ser la solución asistencial.

Parecería que la justicia tomó partido: si se cumpliera efectiva y cabalmente con lo dispuesto por el Juez Otheguy, que es quien (al mejor estilo de una remake del entuerto Gallardo – Ibarra) sancionó al Ministro Schiavi, entonces debería proporcionarse agua potable a todo el barrio de forma regular, lo que implica una clara acción tendiente a consolidarlo. Deberían tenderse algunas redes y suprimir así el método actual de provisión que implementa el Gobierno.

No se puede discutir el derecho a la salud del que deben gozar los habitantes de los distintos barrios que componen la villa 31. A nadie se le ocurriría discutir ese derecho, por ejemplo, si se tratara de los habitantes de, supongamos, Floresta. Desde ese punto de vista no hay diferencias entre los habitantes de Floresta y los del barrio Güemes.

Lo que ocurre es que una vez más un tema vinculado con el problema habitacional de la Ciudad demuestra tanto su complejidad derivada de su carácter multifacético, como la falta de consenso social respecto de su solución.
No se deben abordar estas situaciones en forma fragmentaria, descontextuada.
Dicho de otro modo: no se puede saber de antemano si es bueno o es malo erradicar la villa de Retiro o consolidarla sin tener a la vista el Plan Maestro para la Ciudad de Buenos Aires; la política habitacional (vgr. relativa al hábitat) de la Ciudad.
Y no hay posibilidad alguna de establecer una política habitacional seria si no es como consecuencia de un amplio acuerdo entre todos los actores intervinientes; un acuerdo que de lugar a una política de estado en esta materia.

Claudio G. Hoistacher

EL LUGAR DE LA PROBLEMATICA HABITACIONAL EN LA AGENDA POLÍTICA

En la noche del 9 de mayo se perdió una inusual oportunidad. En el canal de cable TN, en el programa "A dos voces", los principales candidatos a vicejefe de gobierno se permitieron debatir entre otros puntos sobre la problemática habitacional de la Ciudad. Normalmente el tema habitacional no tiene lugar en las agendas electorales, de allí mi particular expectativa. Desgraciadamente, después del debate sólo cabe confirmar que efectivamente el tema habitacional sigue tan ausente como siempre del interés y conocimiento de los principales referentes políticos del distrito. Lo que prometía ser un rico intercambio de opiniones, ideas y visiones muy pronto se convirtió en una parodia en la cual los protagonistas improvisaban sin pudores, demostrando en todos los casos desconocimiento del problema y de su historia más o menos reciente. Me resultó chocante escuchar a Olivera reivindicando su gestión, que terminó en 2000, y al mismo tiempo afirmando que la actual gestión del IVC es mejor. De hecho dijo que es la mejor de la historia de la política habitacional de la Ciudad. Dos observaciones que no hicieron los otros candidatos: 1) la gestión de Olivera terminó en 2000, es decir, antes del estallido de 2001 y no se diferenció demasiado de las anteriores. Sus resultados fueron, como él mismo elípticamente lo admitió, paupérrimos, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud del problema habitacional que por esos años indudablemente ya se había gestado. 2) la gestión del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) durante el gobierno de Telerman, altamente ponderada por Olivera, es absolutamente tributaria de la gestión anterior. Cualquier investigación periodística más o menos seria podría comprobar que todas las operatorias actualmente vigentes en el IVC, sin excepción, tuvieron su origen durante la gestión Ibarra. Más aun, todas las obras que se terminaron durante la gestión de Telerman, todas las que se iniciaron y todas las que estaban y aun están en ejecución, tuvieron su principio material o administrativo durante ese período. El (negado, ocultado) éxito de la gestión anterior tiene una explicación: desde sus inicios a fines de 2003, junto con la creación del IVC y el reemplazo de la perimida Comisión Municipal de la Vivienda, la dirigencia política de la Ciudad se permitió concebir a la política de vivienda, al menos embrionariamente como cuestión de Estado. Consecuentemente se convocó a dirigir al nuevo organismo a profesionales de indudable capacidad técnica. El oficialismo designó como presidente al Ing. Selzer, un cuadro técnico de indiscutida solvencia, sin afiliación política; el macrismo aportó al Arq. Daniel Chain, referente de la fundación Creer y Crecer, fuertemente vinculada con Compromiso Para el Cambio. Fue durante este período cuando se gestaron la totalidad de las operatorias actualmente vigentes en el IVC. La designación de Chain fue consecuencia del acuerdo entre el entonces Jefe de Gobierno, Ibarra y la presidente del bloque CPC, Gabriela Michetti.
Sin embargo, durante el debate Michetti tuvo una actitud hipercrítica tanto hacia aquella gestión del IVC como hacia la actual, en la que curiosamente el macrismo también tiene un representante en el Directorio. Incomprensible pero no tanto. Se explica porque lo que en un principio fue el fiel reflejo del consenso de las fuerzas mayoritarias en torno a esta temática, hoy se ha reducido a una simple repartija de cargos. Un negocio político más. Michetti debería dejar de mirar para el costado ...
Por su parte, el bueno de Heller dice que si gana va a construir 10.000 viviendas y a otorgar 10.000 créditos a través del Banco Ciudad. Esto tiene algunos problemas. En primer término Heller no nos dice dónde van a construir estas viviendas. Sabido es que no hay casi tierras disponibles en la Ciudad y las que hay o bien resultan económicamente inaccesibles para la población que requiere ayuda estatal para el acceso a su vivienda, o en otros casos, la mera perspectiva de la construcción más o menos masiva genera el espontáneo y hasta ahora triunfante rechazo de los vecinos preexistentes. El segundo problema es el dinero: La generación de 20.000 soluciones habitacionales por año, sea mediante construcción o a través de créditos para la compra, suponiendo que el precio promedio de cada vivienda fuera de cien mil pesos, representa un presupuesto de dos mil millones de pesos anuales para destinar a vivienda. Eso es equivalente a incrementar aproximadamente un 600% el presupuesto asignado para este año al IVC. No parece cumplible una promesa de este calibre.
La solución del problema habitacional de la Ciudad no se resuelve con declamaciones estentóreas sino con estrategias y políticas que hasta la fecha no han sido reveladas por ninguno de los candidatos. Deberían los candidatos retomar la idea según la cual la política de vivienda es o debe ser política de Estado, sustrayéndola de los avatares electorales. La dirigencia de la Ciudad debería reflexionar acerca de algunos temas de indudable centralidad, como ser la generación y apropiación de suelo urbano, las causas reales, no paranoicas, de las tomas de tierras en la ciudad, la necesidad de implementar mecanismos de participación real en todos los ámbitos territoriales para consensuar una visión que legitime el nuevo código de planeamiento urbano, la implementación de una política de contingencia, con criterios unificados, para atender la emergencia habitacional, etc.
Deberían los candidatos postergar para un momento acaso más luminoso las chicanas y la retórica vacía de contenido, y en todo caso aprovechar las coyunturas electorales para instalar un debate del que la sociedad, hasta ahora ha permanecido casi ausente.

Claudio G. Hoistacher

RESPUESTA OBVIA A ALGUNAS GENERALIZACIONES

La historia debiera habernos enseñado lo peligroso que es ignorar la existencia y contenidos de la Constitución. El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho a la vivienda digna a todos los ciudadanos sin distinguir su origen, su nacionalidad o su ocupación. El Estado está obligado, además, a efectivizar progresivamente ese derecho a la vivienda digna. Tampoco hace distinción nuestra Constitución respecto al derecho efectivo a la salud del que gozan todos los habitantes de nuestra Ciudad, aun los más pobres, sean argentinos o extranjeros. Más peligroso aún es prejuzgar, suponer, generalizar, proponer sin fundamentos ni conocimiento cabal de los hechos. Los censos existen; se sabe exactamente cuántas familias viven en la villa31, desde cuándo y en qué condiciones. Lo mismo que en las demás villas de esta Ciudad. Parece obvio, pero es en mi opinión importante recalcar que NADIE vive por elección en las lamentables condiciones en las que se vive en cualquier villa, en cualquier enclave de miseria de Argentina. Los porteños no somos ni estúpidos ni paranoicos, y por eso no negamos la existencia de episodios delictivos, tanto como en el resto de la ciudad y del país. En la Argentina no existen ni la Rocinha ni el Comando Vermelho. Por lo demás, parece cuanto menos sugestivo que el interés de algunos se concentre en la villa 31 y en el asentamiento de Costanera Sur. Digo esto por el presunto valor inmobiliario de las tierras de la villa 31 y porque las tierras de la Costanera Sur ocupadas desde hace más de 20 años por el asentamiento pertenecen a IRSA y es donde se proyecta radicar parte del Barrio Santa María, un magnífico megaemprendimiento inmobiliario. Detrás de ciertas valoraciones sin fundamento, lo que hay es una repetición mecánica de un discurso discriminatorio que efectivamente, tiene el color del fascismo y es además claramente funcional a la apropiación de la renta de las mejores tierras de la Ciudad por parte de los sectores económicamente más poderosos de nuestro país. A nadie, salvo a un imbécil se le puede ocurrir que los problemas estructurales como el que pone de manifiesto la villa 31 se resuelven con políticas discriminatorias, demagógicas y autoritarias, ni tampoco aplicando recetas neoliberales. La historia reciente lo ha demostrado.

Claudio G. Hoistacher

LOS LIMITES DEL CAPITALISMO PORTEÑO

Los límites del capitalismo porteño: a propósito del amparo que frena la demolición del inmueble de Callao 924

Hay algunos pilares fundamentales del sistema capitalista que más allá de su obviedad resulta conveniente recordar. La propiedad privada es el corazón del sistema, pero no son menos importantes la legitimidad de la renta del capital, o lo que es lo mismo, el lucro empresario; la iniciativa privada y la seguridad jurídica.

El afán de lucro es el motor; es el gran motivador del empresario capitalista. Pero requiere de reglas claras asumidas por la comunidad a través de un procedimiento previamente establecido. Reglas que tienen vocación de permanencia en el tiempo y que son aplicables para todos, sin excepción. Hablamos de las normas jurídicas.

La existencia de este conjunto de reglas y la certeza de que no hay normas que se apliquen retroactivamente es lo que genera el sentimiento de seguridad jurídica. Es decir, todo el mundo sabe aquí y ahora cuáles son las reglas del juego. Pueden cambiar, pero las nuevas normas regirán para lo futuro, nunca se aplicarán a situaciones pasadas.

Esto y otras variables económicas generan confianza en el inversor, que arriesga capital teniendo en cuenta estas circunstancias. No es demasiado más compleja la lógica de la economía capitalista. No resulta discutible en modo alguno que al menos por el momento en estas tierras se ha adoptado este sistema económico; en los tiempos que corren casi nadie discute la legitimidad de la plusvalía…

En los hechos, esto funciona más o menos así: alguien ve la posibilidad de obtener un beneficio económico de un hecho o conjunto de hechos, y predispone los elementos necesarios para que se materialice la idea de lucro que motivó sus decisiones.

En el caso que nos ocupa, alguien vio la construcción de una torre destinada a viviendas como una oportunidad de generar un beneficio económico. Para eso, adquirió el terreno sobre el que se va a construir. El inmueble en cuestión estaba en el mercado y el poder de disposición de su dueño no se encontraba sometido a restricción alguna.

La mirada jurídica
El inmueble de Callao 924 es privado, no está declarado patrimonio histórico, y desde el punto de vista urbanístico tiene una zonificación que permite el destino que se le quiere dar.

Es decir, la construcción de una torre de viviendas en ese lugar es un negocio jurídico de objeto lícito, posible y perfectamente encuadrado dentro de las reglas vigentes.

Además, el empresario, que es quien imagina el rédito o mejor dicho la forma de obtenerlo, supone que hay alguien, al menos potencialmente, interesado en adquirir departamentos en ese lugar.

El empresario asegura el éxito del negocio través de algunas actividades, a saber: fijación de precios, plazos, tipo de construcción, detalles de categoría o no, forma de pago; y antes selecciona la empresa constructora, confecciona el proyecto arquitectónico, presenta los planos ante la autoridad competente para su aprobación; obtiene las factibilidades de provisión de servicios públicos, eventualmente realiza los estudios de impacto ambiental, arbitra los medios para financiar la construcción y la comercialización, constituye fideicomisos, etc. etc.

En realidad, se pone en movimiento en torno al emprendimiento a un conjunto de actores que buscan obtener un rédito: organizador o desarrollador, inversor, constructor, administrador fiduciario, banco, inmobiliaria. Y todo eso es posible porque hay quien quiere comprar esos departamentos, hay confianza, hay reglas claras, hay oferta y demanda, es decir, hay un mercado.

Los intervinientes se ponen de acuerdo en algunas condiciones y celebran contratos, que son acuerdos de voluntades destinados a producir beneficios recíprocos y que rigen para las partes como la ley misma. Nada más legal ni legítimo en el sistema capitalista, pero…

El capitalismo porteño no funciona tan fácilmente.

En la Ciudad de Buenos Aires hay algunas personas que se oponen a la construcción de edificios destinados a viviendas. Apelan a distintos argumentos; así, se ha argüido la insuficiencia de las redes de infraestructura existentes para proveer de los servicios necesarios a ciertas zonas de la Ciudad, o al eventual impacto ambiental que podría generar cierta clase de emprendimientos.

Pero en este caso recurrieron a un argumento diferente: la preservación del patrimonio arquitectónico y la identidad histórica y urbanística del barrio.

Al parecer, el hecho que en esa casona haya nacido un personaje secundario de nuestra historia ha habilitado a una jueza a interferir en un conjunto de actividades comerciales y profesionales, en un conjunto de relaciones jurídicas, impidiendo al menos por ahora, la demolición del inmueble.

Conviene poner en claro algunas cuestiones.

Los bienes que jurídicamente son considerados patrimonio histórico o cultural, ostentan esa categoría porque oportunamente recayó sobre ellos una declaración legal en tal sentido. Cuando un bien es declarado patrimonio histórico, es sometido a un régimen jurídico especial que limita el poder de disposición de su dueño.

Así, los bienes declarados de protección histórica deben conservar algunas de sus características, léase fachadas o estructuras. Cualquier construcción que quiera realizarse sobre ese bien debe tomar en cuenta esta situación. De lo contrario, la autoridad competente no aprobará la obra sometida a su consideración.

Y va de suyo que la declaración de un bien como de patrimonio histórico, es decir, la afectación a un régimen jurídico que limita la libertad de disposición del dueño sobre ese bien, debe ser anterior a la eventual sentencia que efectiviza esa limitación. Por lo demás, también es indudable que el sometimiento de un bien determinado a un régimen jurídico específico no es ni puede ser potestad judicial en virtud de la vigencia del principio de división de los poderes.

Sin embargo, el acto judicial que suspende la demolición del bien hace mérito de un proyecto de ley presentado por los dos legisladores que además son parte actora en el juicio de amparo en el que recayó la resolución que comentamos.

Es muy difícil entender desde la racionalidad jurídica que la apariencia de legitimidad del derecho que da fundamento a una medida cautelar surja de un proyecto de ley, es decir, de una ley que aun no tiene existencia en el mundo jurídico. Y aun si en estos días finalmente se sancionara la ley que declarara patrimonio histórico a ese inmueble, se seguiría condenando a quien como vimos es el motor del sistema capitalista, el empresario, a iniciar una demanda contra el estado en procura de la reparación de los daños que el accionar estatal (¿lícito?) le hubiese irrogado. Demanda, demás está decirlo, de resultado más que incierto.

Por otra parte, no se ve con claridad cuál es el derecho o el interés dañado, y por lo tanto no es posible determinar la situación jurídica que otorga legitimación, esto es, aptitud para estar en este juicio a los presentantes. Salvo que se admita que el buen gusto o simple parecer de los ciudadanos de Recoleta es un derecho o un interés, y que el respectivo juicio de valor negativo sobre la normativa vigente configura un agravio a ese derecho o interés.

Ello así, pues no puede argumentarse jurídicamente el valor histórico del inmueble. No ahora. Si hubiese tenido valor histórico debiera haberse declarado esto legalmente antes de ahora. No cuando hay un proyecto de inversión en marcha y como respuesta a éste. La historia no se crea de un momento a otro, y la conciencia histórica no es el resultado de la compulsión…

La resolución judicial es arbitraria porque no tiene fundamento jurídico. No hay norma individual ni general, ni siquiera hay un principio del derecho que pueda servir como fundamento a esta sentencia. Lo único que hay es 50 vecinos a los que no les gusta que les cambien el barrio, y dos legisladores, los actores en el juicio, interesados en lograr algunos votos.

La resolución judicial, en la medida que abusa de la facultad judicial de intervenir en defensa de los intereses cuya lesión se alega, distorsiona el principio constitucional de división de los poderes. La sentencia legisla.

En el sistema de Montesquieu, la división de los poderes tenía la finalidad de evitar los excesos del poder estatal; el avasallamiento de los ciudadanos por parte del Estado. Para eso se asignaron funciones distintas a distintos órganos de gobierno. Paradójicamente, esta sentencia avanza arbitrariamente contra el legítimo propietario del inmueble al evitar su libre disposición conforme a las normas que así lo autorizan.

A los jueces les cabe el control de legalidad y en nuestro país el control de constitucionalidad. Deben controlar que los actos del estado y de los ciudadanos se ajusten a lo previsto en la Constitución, declarando en cada caso concreto que se presente la invalidez constitucional de una norma o de un acto jurídico.

No les corresponde legislar, es decir, sancionar normas de carácter general y obligatorio. Eso es tarea del Legislativo. Sí les corresponde verificar el ajuste de estas normas al ordenamiento superior, esto es Constitución y Tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en este caso, al no existir norma, la “crea” el juez a pedido.

La mirada política
Está claro que es altamente probable que la resolución judicial sea apelada y revocada por la Cámara del fuero. Sin embargo, conviene detenerse en el contexto en el que ésta se dicta. En opinión de quien escribe estas líneas, decisiones judiciales como éstas sólo son posibles en el marco de una huida cada vez más evidente de la legalidad y de la legitimidad por parte del estado.

Si observamos un poco la historia reciente, comprobaremos que las primeras acciones judiciales destinadas a frenar proyectos constructivos fueron las incoadas durante 2005 por distintos actores contra procesos licitatorios encarados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad para la construcción de complejos habitacionales en Casa Amarilla, en el barrio de La Boca y en lo que se denomina Parque de las Victorias, en Villa Lugano.

En ambos casos la justicia consideró formalmente procedentes los amparos y dictó medidas cautelares que suspendían las licitaciones hasta tanto se realizaran estudios de impacto ambiental.

Con posterioridad se suscitaron las acciones de grupos de vecinos cuya pretensión era el freno no ya de proyectos encarados por el estado, sino de proyectos privados. El argumento que esgrimían estos grupos era la presunta insuficiencia de las infraestructuras existentes para proveer de servicios básicos a los barrios. Se sostenía que el aumento de la demanda conspiraría contra la efectiva provisión de servicios a los vecinos ya establecidos en el barrio. Sus amparos con medidas cautelares también fueron exitosos.

Cabe aclarar que en todos los casos las construcciones que se pretendía encarar y que fueran frenadas por la justicia cumplían perfectamente con las estipulaciones de la normativa vigente, en especial el Código de Planeamiento Urbano.

Sin embargo, en el año 2007 el Gobierno de la Ciudad primeramente suspendió por noventa días el otorgamiento de permisos de construcción en toda la Ciudad.

Transcurrido ese plazo, el Jefe de Gobierno emitió el decreto 220/07 que establecía la obligación de solicitar a la empresa prestadora del servicio público de agua corriente un certificado de factibilidad previo a la presentación de los planos para la aprobación de obras nuevas. El ámbito territorial de aplicación se limitaba a 5 barrios de esta Ciudad. Con esto se ajustaba sobre los propietarios y sobre los empresarios del sector vivienda la ausencia o insuficiencia de inversiones de las empresas de servicios públicos privatizados. Y también la omisión de control estatal sobre los planes de inversiones.

Por último, la Legislatura sancionó recientemente una ley que establece la obligatoriedad de obtener la factibilidad no sólo en relación a la provisión del servicio de aguas sino también a la del servicio de energía eléctrica y gas y en toda la Ciudad, con carácter previo a la presentación de planos para la aprobación de obras nuevas. El efecto es el mismo que en el caso anterior, pero extendido.

Esta situación caótica, fue además hábilmente aprovechada por la agrupación política triunfante en las recientes elecciones. Uno de sus eslóganes fue “Va a estar bueno Buenos Aires sin construir en cualquier lado”, dando por hecho que la justicia frenaba sólo las construcciones que se hacían en cualquier lado, y obviando que estos lados eran aquellos destinados a la construcción de viviendas por la normativa vigente. A la luz de los hechos, parecería necesario corregir el mensaje, porque en Buenos Aires no se puede construir en ningún lado.

Vemos así que es primero el Poder Judicial, luego el Ejecutivo y por último el Legislativo quienes se apartan de la norma rectora en materia de planificación urbana que es el vigente Código de Planeamiento Urbano.

Si la sociedad entiende que debe cambiar la norma que plasma la visión que se tiene de la Ciudad, entonces deben sus representantes arbitrar los medios para cambiarla, pero mientras tanto hay que obedecerla. En todo caso, si en un caso concreto su aplicación resulta irrazonable o contraria a derecho, entonces sí tiene el juez potestad para, a pedido de parte y previa prueba del agravio que causa su aplicación, suspenderla o incluso establecer las condiciones a que debe someterse su vigencia.

Ahora bien, cuando la justicia resuelve irrazonablemente y sin base legal; cuando el Ejecutivo en lugar de aplicar la normativa vigente dicta reglamentos de excepción restrictivos de derechos individuales; cuando el Legislativo amén de incurrir en una mora injustificada para el tratamiento de una norma, extiende material y territorialmente las restricciones previamente impuestas por el Ejecutivo, y para más algunos de sus miembros se constituyen en parte actora en un juicio en el que no se reclama por la vigencia de un derecho individual o colectivo claro, estamos en un escenario que no sólo nos muestra inexistencia de seguridad jurídica. Nos muestra una vez más la profunda crisis en la que se halla sumida la calidad institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así, no hay sistema político ni económico que funcione.

Claudio G. Hoistacher

LA NUEVA TOMA DE VIVIENDAS EN LA VILLA 1-11-14

El conflicto en la villa 1-11-14

La toma de viviendas construidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) para ser entregados a los pobladores de la villa 1-11-14 en el Bajo Flores, no debe ser entendida como un hecho aislado; debe interpretarse como un eslabón de una cadena de hechos de las mismas características que se sucedieron casi sin solución de continuidad desde la ampliamente difundida toma de departamentos en el mismo barrio hace aproximadamente un año.
Las dos tomas de tierras en Villa Lugano, los episodios en torno al incendio del asentamiento conocido como Villa Cartón (bajo la autopista Héctor J. Campora), o la toma de tierras lindantes a la estación Buenos Aires, en el barrio de Barracas, ponen de manifiesto la existencia de una profunda crisis del modelo de gestión implementado por el área de vivienda del Gobierno de la Ciudad.
Esta crisis comienza a ponerse en evidencia hace exactamente un año, en ocasión de la anterior gran toma y saqueo de viviendas populares en el mismo barrio; lo cual indica a las claras que ninguna de las medidas adoptadas en ese período tuvo el efecto buscado
La falla en la formulación del diagnóstico, “garantiza” por sí misma el fracaso de la gestión de gobierno en la materia. Sin embargo, hay otras causas que se suman al fracaso de la política de vivienda del actual Gobierno de la Ciudad Autónoma.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma, y específicamente el Instituto de Vivienda de la Ciudad ha trocado vocación política de efectiva resolución de problemas por la escenificación de los mismos.

Hace un año el entonces (y actual) Ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Agrónomo Juan Pablo Schiavi. decía que la toma era atribuible a activistas ibarristas, protagonistas y hacedores de una dinámica de clientelismo político que tenía su correlato dentro de la propia estructura del IVC, tanto a nivel político como a nivel del personal de planta.
Afirmaba que el IVC era un organismo podrido del cual “salía pus apenas se apretara cualquiera de sus poros”, y establecía una relación entre los punteros presuntamente autores intelectuales y materiales de la toma y la anterior conducción ibarrista del IVC.
Declaró que haría todas las reformas administrativas y denuncias judiciales del caso, una vez que hubiera reunido las pruebas necesarias.
Probablemente aun esté buscando las pruebas de tan tajantes y graves acusaciones. Afortunadamente, no perdió el tiempo ni utilizó los recursos de los ciudadanos en inútiles denuncias judiciales.
Primeramente se procedió con toda bambolla a intervenir el IVC. Curiosamente, el Interventor designado por el Jefe de Gobierno fue el mismo que desempeñaba el cargo de Presidente del IVC. Naturalmente, la intervención (rechazada por la legislatura que no aprobó el DNU dictado al efecto) cesó luego de agotarse su plazo legal de vigencia y el “nuevo” Presidente designado fue… la misma persona, es decir, el anterior Presidente y luego Interventor, el Arq. Claudio Freidin.
Freidin, ya en su carácter de Presidente, es decir, una vez finalizada la intervención, se alineó más aún con las posiciones del Ministro y prometió una fuerte reforma del IVC, porque, decía, esta era la forma de resolver los problemas de disfunción que finalmente devenían en episodios como la toma de los departamentos de la Villa 1-11-14.
Durante el año 2006 se produjeron en el IVC algunas modificaciones: Hubo efectivamente un cambio de organigrama y de personal jerárquico. Se desplazó a la totalidad de la línea gerencial, se redujo formalmente el número de gerencias, aunque se crearon unidades ejecutoras de programas con rango de gerencias en número más o menos equivalente a las preexistentes; se designó a un lote de funcionarios cercanos a Carlos Grosso.
El Ministro Schiavi afirmó en reiteradas oportunidades que todo este movimiento político, institucional y técnico estaba dirigido a fortalecer la gestión del IVC, optimizando su capacidad de articulación con la totalidad de los actores del sistema de vivienda. Destruyendo el supuesto sistema clientelar, desaparecerían las tomas…
Pero las tomas continuaron aun con mayor frecuencia e intensidad que hace un año.
En realidad, tanto las denuncias de Schiavi como la intervención del IVC no se motivaron en la necesidad de dar respuesta a un problema de funcionamiento de un organismo del estado, sino en la necesidad de obtener la urgente legitimación social y mediática que necesitaba el gobierno de Telerman a poco de la destitución de Ibarra.
De allí el cariz teatral y mediático del manejo de las crisis. Las denuncias de Schiavi, con el morboso espectáculo que ofrece la miseria como telón de fondo, y la posterior intervención del IVC fueron sólo golpes de efecto; fueron medidas racionalmente indefendibles.
En definitiva, prevaleció el interés mezquino de la política (que no es el interés político) por sobre la vocación de resolución real de acuciantes problemas sociales.
Esta hipótesis se confirma a la luz de las reacciones de Schiavi y de Freidin ante la nueva toma de viviendas en el Bajo Flores: más allá de las consabidas denuncias policiales por la usurpación y las operaciones represivas, no tardaron en atribuir la toma a alguna oscura maniobra política, vinculada esta vez con los cierres de las listas para legisladores.
Sin embargo, la única causa eficiente e inmediata de esta nueva toma de departamentos en el Bajo Flores es la miopía, el narcisismo y la inacción de los funcionarios a cargo de la política de vivienda de la Ciudad.
La ineficiencia e inacción de estos funcionarios ha llevado a que la totalidad de los actores del sistema de vivienda, esto es, empresarios, organizaciones sociales, profesionales y políticos actualmente coincidan en señalar que la gestión del IVC es la peor de la que se tenga memoria.
El deterioro de la gestión del IVC y la incapacidad del gobierno de Telerman para entender la profundidad del problema habitacional no solo se pone de manifiesto con las casi permanentes tomas de viviendas y tierras en los barrios pobres, sino que surge constantemente frente a cualquiera de los desafíos que la problemática habitacional plantea a quienes tienen la responsabilidad de resolverla.
La manía acusatoria demostrada por los funcionarios del área una y otra vez es el discurso con el que se intenta ocultar los paupérrimos resultados de la gestión
Es que la administración Telerman - Schiavi – Freidín no tiene resultados propios para mostrar: la totalidad de las viviendas entregadas y la totalidad de las viviendas en ejecución durante su gestión corresponden a programas y operatorias preexistentes a la intervención. Invariablemente, en todos los casos se trata de proyectos cuyo inicio se registró en épocas en que el jefe de gobierno era Aníbal Ibarra
En abril de 2006 había 3547 viviendas en ejecución, gestadas en el gobierno ibarrista, de las cuales 549 correspondían a la villa 1-11-14. La administración Telerman – Schiavi no inició ni una sola vivienda más.
Además, se encontraban en condiciones de inicio inmediato otras 5149 viviendas, de las cuales la mayoría aún no ha comenzado su construcción.
La insuficiencia del discurso oficial para explicar la ausencia de resultados de gestión se hace cada vez más visible e intolerable para quienes deberían resultar beneficiarios de las políticas oficiales de vivienda. Basta recordar la vergonzosa perfomance de Freidin y Schiavi en ocasión del incendio de la Villa El Cartón, circunstancia en la que la ausencia de política y gestión se transmitió en vivo y en directo por los canales de noticias televisivos, enfrentamientos de pobres contra pobres mediante.
O el escándalo apenas sofocado desatado por la suspensión temporaria de los permisos de construcción, y la consecuente normativa de corte completamente demagógico, o la toma de tierras en Villa Lugano, o tantas otras situaciones sin resolución.
Lo que no entienden Telerman – Schiavi – Freidin, es que el problema habitacional es un problema histórico, social, económico y cultural antes, mucho antes que político. Tiene su expresión política, en todo caso, pero esto para nada es lo central.
El déficit habitacional expresa primordialmente una relación de poder entre distintos sectores o clases sociales. Expresa el premio o castigo que la economía les tiene reservado a quienes desempeñen una u otra función en un esquema de producción y apropiación de recursos.
El déficit habitacional no es más que una de las caras de la victoria de unos a expensas de la derrota de otros, y las tomas denuncian la inexistencia de consenso social en el territorio para la solución del problema.
No se puede perder de vista este contexto para entender qué pasa cuando se produce una toma de viviendas en un barrio popular.
Contrariamente a lo que en forma sistemática repiten Telerman, Schiavi y Freidin cada vez que una situación los supera, no existen hoy en día actores ni organizaciones políticas capaces de determinar, digitar ni controlar y sostener una toma de viviendas como las registradas en el Bajo Flores o en Lugano.
Lo que sí hay es necesidades básicas insatisfechas. Mucha gente muy pobre.
Los problemas estructurales de la sociedad, de los cuales el déficit habitacional es una muestra, no se resuelven actuándolos ni denunciando o demonizando permanentemente a terceros u organizaciones inexistentes. Se resuelven estudiando seriamente los problemas, buscando consensos sociales que permitan la implementación de políticas de estado claras e integrales para las soluciones de fondo, y trabajando duramente para resolver la situación coyuntural.
La sociedad hace rato que está harta de estas visiones conspirativas, de que la culpa siempre la tengan otros, de la autovictimización de funcionarios claramente incapaces de ejecutar ninguna acción transformadora.

Claudio G. Hoistacher

CASAS TOMADAS

El día en que se realizaba la segunda vuelta electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el diario Clarín publicó un artículo en doble página sobre la problemática de las casas tomadas. Casualidad o no, el tema es y fue recurrente en ambas campañas en las que Macri se postuló para encabezar el gobierno de esta Ciudad.

Según la mencionada publicación, en el último año se ha registrado un notable aumento de los desalojos en la Ciudad, duplicándose el número de personas desalojadas. Las presuntas causas de este fenómeno serían:
a) La mayor celeridad de la justicia;
b) El aumento del precio de las propiedades y
c) El aumento de la población de escasos recursos en la Ciudad.

Se señala en la nota que el número de personas que se encuentran ocupando ilegalmente viviendas en la Ciudad oscila entre 70.000 y 200.000, según la fuente a la que se recurra. En cualquier caso se trata de una cifra alarmante. Obsérvese que los candidatos triunfantes reconocieron durante la campaña electoral la existencia de unas 500.000 personas en situación de déficit habitacional, de los cuales puede afirmarse que al menos el 20% corresponde a población que habita casas tomadas.

La comprobación de la existencia de casas tomadas genera reacciones diversas, que por supuesto tienen significado político y social. Es oportuno recordar aquí que durante la campaña electoral de 2003, el candidato a Jefe de Gobierno Mauricio Macri calificaba lisa y llanamente de delincuentes a quienes ocupaban propiedades ilegalmente y proponía el desalojo como toda respuesta a ese problema. En realidad, encarnaba el sentimiento de importantes sectores de la ciudadanía porteña que rechazaban cualquier política estatal que beneficiara a los ocupantes ilegales de inmuebles.

Sin embargo, el fenómeno de la toma de viviendas tiene otros aspectos sobre los que hay que prestar atención.

Obviamente, cuando se ocupa un inmueble se pone de manifiesto la existencia de un inmueble previamente desocupado, ocioso, independientemente de las causas que en cada caso dan origen a esta situación.

Cuando una familia no tiene techo está excluída, es decir, se encuentra vedada de acceder al conjunto de servicios básicos que representa una vivienda. La toma de una vivienda demuestra la existencia de una situación de emergencia habitacional que en principio cesaría con la toma.

Pero también demuestra la inexistencia de otra vía inmediata para la resolución de la situación crítica habitacional.

En síntesis, en la ocupación ilegal de una vivienda se reconoce por un lado una necesidad, la de las familias que de ese modo se procuran techo y abrigo; y por otro un medio de satisfacción de esa necesidad que no está disponible para cumplir con esa función, sea por voluntad de su legítimo propietario o por otras razones.

Es realista sostener que si las familias procuran techo y abrigo al margen de la ley es porque no pueden hacerlo dentro de la ley. Nadie vive en una casa tomada si dispone de otras opciones.

Es sabido que la vivienda es el núcleo físico en el cual la persona humana puede desarrollar su vida armónicamente. La vivienda es una necesidad básica. Tanto el derecho supranacional como el derecho nacional y local receptan esto y convierten en obligación del estado garantizar el acceso a la vivienda a todos los habitantes.

En nuestro país, este derecho tiene jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inciso 22. De forma análoga, el art. 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma establece tanto el derecho de todos los habitantes a acceder a una vivienda digna, como la obligación del estado de resolver progresivamente el déficit habitacional.

La existencia de más de 100.000 personas habitando propiedades en forma ilegal es uno de los supuestos de hecho que convierten en plenamente operativo el mandato del art. 31 de la Constitución local. Así, la situación descripta impone al estado la obligación de implementar alguna política estatal para resolver o paliar el problema, enmarcada en la progresiva solución del déficit habitacional.

Por lo tanto, podemos afirmar que se encuentra fuera de toda duda la existencia de la obligación del estado de intervenir en esta materia. Pero resta determinar el alcance de su intervención.

Para ello es necesario dar respuesta a algunos interrogantes que surgen inmediatamente. A título meramente ejemplificativo podríamos preguntarnos:

1) ¿Debe intervenir el estado más allá de la garantía judicial del derecho del propietario?
2) ¿Debe limitarse la intervención estatal a atender la emergencia con criterios meramente asistenciales (vgr. subsidios)?
3) ¿Debe preocuparse el estado por resolver la situación social integral de las familias involucradas, o debe limitarse a ofrecer una solución habitacional?
4) ¿Corresponde al estado exigir alguna contraprestación por su servicio?
5) ¿Qué debe hacer el estado con los inmuebles ociosos?

Las respuestas que demos a estas preguntas revelarán un determinado modelo de estado, una ideología. En tiempos de campañas electorales conviene recordar que “la única verdad es la realidad” y la realidad son los hechos, las acciones. No las palabras.

Sin dudas es un tema trascendente y polifacético y más allá de la garantía constitucional al acceso a una vivienda digna para todos los habitantes de la Ciudad, nadie puede afirmar que las respuestas a estos y otros interrogantes que dispara el fenómeno están socialmente saldados. En otras palabras, no hay consenso social acerca de cómo resolver este problema. Probablemente porque el tema habitacional rara vez aparece en la agenda política con la seriedad que merece.

En primer lugar debe definirse si el problema de las casas tomadas es un problema que debe resolverse mediante criterios de asistencia social o a través de políticas de vivienda.

Desde el punto de vista habitacional, el tema de las casas tomadas tiene especificidad propia, lo que exige un tratamiento diferenciado al de otros problemas habitacionales.
Fue esa especificidad, y su emergencia con fuerza a fines de la década pasada lo que originó la sanción, en febrero de 2000 de la Ley 341. Esta ley, si bien no está destinada exclusivamente a solucionar los problemas habitacionales de las familias que viven en casas tomadas, incluye dentro de su objeto material de aplicación a esta situación.

En definitiva, la ley dispone un programa de financiamiento para proyectos autogestionados por familias en situación crítica habitacional, nucleadas o no en organizaciones intermedias como cooperativas, asociaciones mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro. Es sabido que en la mayoría de los casos, las familias que habitan ilegalmente inmuebles se constituyen en cooperativas para resolver en forma colectiva su problema habitacional.

A su vez, durante el gobierno de Ibarra, el Instituto de Vivienda reglamentó esta norma y creó el programa de Autogestión para la Vivienda, cuya implementación permitió algunos resultados importantes.

Para ilustrar el éxito potencial de una operatoria como la descripta debemos recurrir al ejemplo que nos ofrece la construcción de un complejo de 330 viviendas en Parque de los Patricios por la Cooperativa de Vivienda EMETELE, del Movimiento Territorial de Liberación.

A través de este emprendimiento se resolvió la situación habitacional de 330 familias. Pero además, este emprendimiento transformó a desocupados en trabajadores de la construcción; a ocupantes ilegales de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires en propietarios, y por ende, contribuyentes. Se transformó además una manzana que pasó de ser un depósito en desuso a un barrio completamente integrado a la trama urbana y dotado de todos los servicios; y se revitalizó el barrio, logrando un aumento del valor de las propiedades linderas.

Una mirada crítica sobre este tipo de soluciones se basa en sostener que como el problema habitacional es una cuestión social y de interés público, su solución es una función indelegable del estado. Estas mismas posiciones suelen ser críticas de la asunción de funciones estatales por parte de organizaciones intermedias, en este caso, las cooperativas de vivienda.

Pero más allá de la validez o invalidez de este planteo, o del acierto o error tanto en lo que hace a su concepción como en cuanto a la ejecución de esta operatoria, lo real es que se trata de una verdadera herramienta de política de vivienda. Y como tal es progresista. Es efectivamente transformadora, no es un parche asistencialista.

Las situaciones de emergencia habitacional no pueden resolverse en los tiempos que demanda la construcción de viviendas nuevas. Menos aun resulta útil para resolver las situaciones de emergencia el programa de autogestión. Ello así porque la solución habitacional a través de la construcción de vivienda nueva, sea o no autogestionadamente, demanda como mínimo el tiempo de la construcción.

Sin embargo, en los casos de casas tomadas, las órdenes de desalojo recaen por lo general después de mucho tiempo desde que se produjo la ocupación. Es decir, la situación de las familias que viven en las casas tomadas no es una situación de emergencia habitacional mientras dura la toma; lo es al momento de la toma y vuelve a serlo cuando el lanzamiento tiene fecha cierta.

Por lo tanto, no hay excusas. El Estado está en condiciones de planificar la solución habitacional de las familias que habitan en casas tomadas.

Claro que eso requiere de claridad en la formulación de políticas, seriedad en su ejecución y una muy fuerte articulación entre distintas áreas del gobierno.

El gobierno de Telerman se ha caracterizado por intentar diferenciarse nítidamente de su antecesor. En este marco táctico, la política de vivienda del gobierno de Ibarra ha sido duramente criticada en reiteradas oportunidades tanto por el Ministro de Obras Públicas como por el presidente del Instituto de Vivienda.

Pero más allá de la retórica, conviene ver los hechos.

El gobierno de Telerman no sólo no ha implementado ninguna política habitacional frente al problema de las casas tomadas sino que ha desarticulado por asfixia presupuestaria y otras decisiones todo desarrollo posible del programa de Autogestión, y lo ha reemplazado por soluciones asistencialistas de profundo cuño conservador.

Toda la acción del actual gobierno en la materia se ha limitado a la oferta de variados subsidios. Invariablemente ineficaces y caros.

Problemas de la más variada índole como el desalojo de casas tomadas, el desalojo de asentamientos como el Rodrigo Bueno o la Villa Rosa y hasta la situación de los habitantes del desaparecido asentamiento conocido como Villa Cartón se “solucionan” con el consabido subsidio, que en definitiva no funciona ni siquiera como soborno. Los problemas siguen existiendo. Se ha creado y desarrollado la industria del subsidio.

Las autoridades del área de vivienda de la Ciudad jamás se hacen cargo de los problemas del sector. Por lo general formulan visiones paranoicas. Cuando no lo hacen, sencillamente ceden la iniciativa a otras áreas del gobierno.

Ha desaparecido la política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Los campeones de las denuncias sobre clientelismo la han reemplazado por una fantástica kermese, un muestrario de opciones asistencialistas.

Y se autojustifican: “Hay un aumento de pobres, en gran parte porque la Ciudad incrementó sus planes de asistencia. Y al mismo tiempo los juicios de desalojo se resuelven muy rápido. Lo que tenemos, entonces, es al mismo tiempo mucho ingreso y egreso de habitantes", dice Guillermo Güerín, director de Asistencia Familiar de la Ciudad y encargado de entregar los subsidios a las familias desplazadas.

En realidad, la afirmación de que el aumento de pobres se debe a la calidad de la asistencia es cuanto menos desafortunada. Si hay más pobres es porque en la ciudad no se ha generado ni más ni mejor empleo, ni estrategias serias de inclusión social. No porque se brinde mayor o mejor asistencia. Si la asistencia fuese adecuada, lo que debiera aumentar es el porcentaje de asistidos respecto del total de pobres existentes, pero de ninguna manera se sigue que de la calidad de la asistencia derive un aumento de la pobreza.

En materia habitacional no importa si la asistencia es mejor o peor, porque la política de vivienda no es ni debe ser política asistencial, no solo por mandato constitucional sino por mandato ético.

La política asistencial destinada a familias en situación de déficit o de emergencia habitacional coloca a las familias como objeto de la acción estatal, pero nunca como sujetos de la solución de su problema.

El círculo vicioso de la asistencia margina, crea cultura de la marginalidad, del no trabajo. Y no logra los objetivos que persigue: la familia beneficiaria del subsidio a poco de recibirlo ocupa otro inmueble… Se reproduce y multiplica el problema que se supone debe resolverse. Y se medra con eso.

La discusión de fondo es si queremos transformar la sociedad eliminando o al menos morigerando las desigualdades a través de acciones positivas del estado, o queremos implementar soluciones gatopardistas.

En materia habitacional no hay margen de error, hay una situación explosiva que solo se resuelve mediante políticas de estado serias, que involucren la acción complementaria y coordinada de las distintas áreas del gobierno que tienen injerencia en el tema.

La situación de creciente desamparo en la que caen no sólo los desalojados que habitan casas tomadas; la situación de vulnerabilidad habitacional crónica en la que se encuentran sumergidas amplias capas de la población es una flagrante y abierta violación al mandato impuesto por el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad.

El cumplimiento del mandato constitucional debe ser efectivo: hay que terminar con las declamaciones, las escenificaciones y las maniobras de distracción respecto de los verdaderos problemas a los que el gobierno de Telerman nos ha acostumbrado.


CLAUDIO HOISTACHER

Intervención del IVC

Resulta hasta cómico leer una y otra vez, cuando los medios se refieren al IVC, que este organismo se halla autointervenido. Más allá de la contradicón in términis insalvable que supone un concepto como el de autointervención, podría excusarse al periodista en virtud de la oscura y confusa historia reciente del IVC, respecto de la cual el nombramiento como interventor del Presidente y como Presidente al anterior Interventor (y que se trate siempre de la misma persona) no pasa de ser una anécdota graciosa. Lo que no es gracioso es la inoperancia creciente del organismo al cual la ley 1258 atribuye la potestad de planificar, diseñar y ejecutar la política de vivienda en esta Ciudad. He aquí los verdaderos resultados de la gestión Telerman – Schiavi – Freidin al frente del IVC:

1. El IVC no estudia la realidad habitacional y por ende no diseña respuestas adecuadas a las necesidades de los distintos segmentos que hoy requieren asistencia estatal para resolver su problema habitacional.
2. Los funcionarios a cargo del IVC escenifican la espantosa realidad habitacional de buena parte de la ciudadanía porteña, y teatralizan las "soluciones", mas no las diseñan ni ejecutan.
3. El IVC ha perdido su capacidad de respuesta, y es eso lo que explica la diversificación de las agencias del Gobierno que atienden la problemática habitacional.
4. El IVC actúa como una especie de frontón donde rebotan una y otra vez los reclamos de los distintos sectores que actualmente no obtienen respuesta a la problemática habitacional que los aqueja.
5. El IVC ha perdido su liderazgo en los procesos de urbanización de las villas de esta Ciudad, y ha perdido toda credibilidad en relación con el rol de organizador y garante de las elecciones en los barrios marginados.
6. El IVC no ha diseñado una sola nueva operatoria en el último año, y los resultados que se esfuerza en exhibir esta gestión no son más que la continuación lógica, casi se diría irremediable, de lo que se había gestado en la administración anterior.
7. El IVC ha perdido el lugar que dentro del Sistema Federal de Vivienda había obtenido, y que dio lugar a la histórica ruptura de la coparticipación FONAVI por vía de las asignaciones de cupos de financiamiento en el marco de los Planes Federales de Vivienda.
8. En el IVC se han nombrado funcionarios cuyo curriculum incluye estruendosos fracasos políticos, aún con ribetes judiciales, protagonizados por personajes de cierto relieve durante el menemato.

Probablemente sea el conjunto de estos sórdidos elementos, más que la inconsistencia de las condiciones en las que se ingresó y se salió de la intervención las que de algún modo obnubilen al periodista.
Y lo terrible de esta situación es finalmente que siempre son los mismos los que terminan pagando los costos de estos desaguisados.

Claudio G. Hoistacher