Tres veces fue noticia la villa 31 en estos últimos días.
Primero fue el Jefe de Gobierno electo, Ing. Mauricio Macri, quien sostuvo en los días previos a la realización de la segunda vuelta electoral que esa villa debía ser erradicada.
Luego, la villa fue noticia porque sus habitantes consiguieron la provisión que algunos servicios públicos, como telefonía y correo.
Por último, la justicia sancionó al ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad, el Ing. Agrónoma Juan Pablo Schiavi por no asegurar la eficiente provisión de agua potable en el asentamiento.
Parece claro que hay tres actitudes respecto a la villa 31: por una parte, hay una corriente de pensamiento que sostiene la necesidad de erradicar la villa; por la otra, hay sectores cuyos comportamientos podrían interpretarse como tendientes a la consolidación del barrio y hay una tercera postura al parecer híbrida.
1. El pensamiento expresado por Macri, es funcional a otras expresiones públicamente vertidas en el pasado reciente, que adjudican un altísimo valor inmobiliario a las tierras sobre las que se asienta la villa.
Está claro que para que eso ocurra es indispensable la acción estatal, cuyo contenido necesariamente debiera encerrar la solución a una discusión vinculada con la apropiación de la renta que la acción estatal generaría. Discusión, demás está decirlo, perfectamente presente para los actuales vecinos de la villa.
2. Los acuerdos a partir de los cuales se proveerá de servicios públicos a los habitantes de la villa pueden implicar un avance en un sentido completamente opuesto al que plantea el Jefe de Gobierno electo en la medida que signifiquen consolidar lo existente. Se supone que quien consume servicios de base fija, domiciliarios, asienta y consolida su domicilio allí donde recibe estos servicios. La prestación implica el reconocimiento de una situación de hecho y al día de hoy no parece que esto genere grandes conflictos a nivel estatal.
3. Se podría considerar que la posición del Gobierno actual de la Ciudad es indefinida, porque no lleva adelante acciones tendientes a la radicación de la villa ni tampoco a su erradicación. Proporciona (mal) algunos servicios y no tiene política clara ni respecto de este ni respecto de ninguna otra situación vinculada con el problema habitacional de la Ciudad, a no ser la solución asistencial.
Parecería que la justicia tomó partido: si se cumpliera efectiva y cabalmente con lo dispuesto por el Juez Otheguy, que es quien (al mejor estilo de una remake del entuerto Gallardo – Ibarra) sancionó al Ministro Schiavi, entonces debería proporcionarse agua potable a todo el barrio de forma regular, lo que implica una clara acción tendiente a consolidarlo. Deberían tenderse algunas redes y suprimir así el método actual de provisión que implementa el Gobierno.
No se puede discutir el derecho a la salud del que deben gozar los habitantes de los distintos barrios que componen la villa 31. A nadie se le ocurriría discutir ese derecho, por ejemplo, si se tratara de los habitantes de, supongamos, Floresta. Desde ese punto de vista no hay diferencias entre los habitantes de Floresta y los del barrio Güemes.
Lo que ocurre es que una vez más un tema vinculado con el problema habitacional de la Ciudad demuestra tanto su complejidad derivada de su carácter multifacético, como la falta de consenso social respecto de su solución.
No se deben abordar estas situaciones en forma fragmentaria, descontextuada.
Dicho de otro modo: no se puede saber de antemano si es bueno o es malo erradicar la villa de Retiro o consolidarla sin tener a la vista el Plan Maestro para la Ciudad de Buenos Aires; la política habitacional (vgr. relativa al hábitat) de la Ciudad.
Y no hay posibilidad alguna de establecer una política habitacional seria si no es como consecuencia de un amplio acuerdo entre todos los actores intervinientes; un acuerdo que de lugar a una política de estado en esta materia.
Claudio G. Hoistacher
Primero fue el Jefe de Gobierno electo, Ing. Mauricio Macri, quien sostuvo en los días previos a la realización de la segunda vuelta electoral que esa villa debía ser erradicada.
Luego, la villa fue noticia porque sus habitantes consiguieron la provisión que algunos servicios públicos, como telefonía y correo.
Por último, la justicia sancionó al ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad, el Ing. Agrónoma Juan Pablo Schiavi por no asegurar la eficiente provisión de agua potable en el asentamiento.
Parece claro que hay tres actitudes respecto a la villa 31: por una parte, hay una corriente de pensamiento que sostiene la necesidad de erradicar la villa; por la otra, hay sectores cuyos comportamientos podrían interpretarse como tendientes a la consolidación del barrio y hay una tercera postura al parecer híbrida.
1. El pensamiento expresado por Macri, es funcional a otras expresiones públicamente vertidas en el pasado reciente, que adjudican un altísimo valor inmobiliario a las tierras sobre las que se asienta la villa.
Está claro que para que eso ocurra es indispensable la acción estatal, cuyo contenido necesariamente debiera encerrar la solución a una discusión vinculada con la apropiación de la renta que la acción estatal generaría. Discusión, demás está decirlo, perfectamente presente para los actuales vecinos de la villa.
2. Los acuerdos a partir de los cuales se proveerá de servicios públicos a los habitantes de la villa pueden implicar un avance en un sentido completamente opuesto al que plantea el Jefe de Gobierno electo en la medida que signifiquen consolidar lo existente. Se supone que quien consume servicios de base fija, domiciliarios, asienta y consolida su domicilio allí donde recibe estos servicios. La prestación implica el reconocimiento de una situación de hecho y al día de hoy no parece que esto genere grandes conflictos a nivel estatal.
3. Se podría considerar que la posición del Gobierno actual de la Ciudad es indefinida, porque no lleva adelante acciones tendientes a la radicación de la villa ni tampoco a su erradicación. Proporciona (mal) algunos servicios y no tiene política clara ni respecto de este ni respecto de ninguna otra situación vinculada con el problema habitacional de la Ciudad, a no ser la solución asistencial.
Parecería que la justicia tomó partido: si se cumpliera efectiva y cabalmente con lo dispuesto por el Juez Otheguy, que es quien (al mejor estilo de una remake del entuerto Gallardo – Ibarra) sancionó al Ministro Schiavi, entonces debería proporcionarse agua potable a todo el barrio de forma regular, lo que implica una clara acción tendiente a consolidarlo. Deberían tenderse algunas redes y suprimir así el método actual de provisión que implementa el Gobierno.
No se puede discutir el derecho a la salud del que deben gozar los habitantes de los distintos barrios que componen la villa 31. A nadie se le ocurriría discutir ese derecho, por ejemplo, si se tratara de los habitantes de, supongamos, Floresta. Desde ese punto de vista no hay diferencias entre los habitantes de Floresta y los del barrio Güemes.
Lo que ocurre es que una vez más un tema vinculado con el problema habitacional de la Ciudad demuestra tanto su complejidad derivada de su carácter multifacético, como la falta de consenso social respecto de su solución.
No se deben abordar estas situaciones en forma fragmentaria, descontextuada.
Dicho de otro modo: no se puede saber de antemano si es bueno o es malo erradicar la villa de Retiro o consolidarla sin tener a la vista el Plan Maestro para la Ciudad de Buenos Aires; la política habitacional (vgr. relativa al hábitat) de la Ciudad.
Y no hay posibilidad alguna de establecer una política habitacional seria si no es como consecuencia de un amplio acuerdo entre todos los actores intervinientes; un acuerdo que de lugar a una política de estado en esta materia.
Claudio G. Hoistacher
No hay comentarios:
Publicar un comentario