Hace muchos años, la oligarquía dominante tenía que expandirse territorialmente para desarrollar el modelo exportador agrícola – ganadero que impulsaba la generación del ´80. Se organizó una expedición militar que tenía por objeto la conquista del desierto. Este desierto no estaba tan desierto: había aborígenes, es decir pobladores originarios de esa tierra, a los que en nombre del progreso se los expulsó violentamente y sin miramientos confinándolos en las tierras verdaderamente desérticas, inhóspitas. Los sobrevivientes fueron tolerados, pero en lugares inservibles para la explotación económica.
La cosa podría resumirse así: las clases económicamente más poderosas necesitaban aumentar la escala de su economía y por eso necesitaban afectar más tierra a las pasturas y a los cultivos. El obstáculo eran los indios, que militarmente eran inferiores.
¿Qué hizo el Estado? Proporcionó a los terratenientes la ley, la justicia y la fuerza. Es decir, predispuso todo su aparato en función de los objetivos de la clase económicamente dominante que, hay que decirlo, había ocupado el Estado y por eso era también la clase políticamente dominante.
Los resultados están a la vista.
Visto desde el punto de vista de la ocupación territorial, parece claro que el dominio se sustentaba en la ocupación de las tierras más ricas, aunque en ese caso su riqueza devenía simplemente de sus condiciones naturales para la utilización en actividades primarias. Es decir, no era necesaria ninguna otra intervención del estado para transformar esas extensiones de tierra en bienes económicamente relevantes.
Más de un siglo después, las condiciones han cambiado bastante: las clases dominantes ya no basan su dominio sólo en la explotación de la tierra; el país ha perdido su exclusivo perfil agrícola ganadero y por ende se necesita de acciones más complejas para la creación de valor, y el estado no es objeto de apropiación automática por parte de los ganadores del modelo. Deben someterlo al escrutinio popular periódicamente.
La historia reciente ha dado muestras de que el poder económico no siempre tiene un correlato lineal con el poder político.
Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires ha triunfado en las últimas elecciones una coalición ligada simbólica y materialmente a uno de los grupos favorecidos por el fenómeno de concentración de la economía que se ha profundizado en las últimas dos décadas del siglo veinte.
Conviene tener presente esto para procesar los gestos y las decisiones que se tomen en relación con la villa 31.
Con la villa 31 se pueden hacer tres cosas: radicarla, erradicarla o dejarla como está, es decir, en estado de anomia. Descartamos esta última alternativa porque no es una opción responsable.
La erradicación lisa y llana supone el traslado de sus actuales ocupantes a otras tierras y la ocupación de estas tierras por otros actores sociales. Este proceso podría realizarse por medios pacíficos o violentos.
La radicación implica la aplicación de un programa que contemple el asentamiento definitivo de al menos algunos de los actuales ocupantes y la integración de la tierra a la trama urbana.
En ambos casos se requiere la intervención estatal.
Desde el punto de vista material se puede afirmar que la acción estatal importa la generación de riquezas y la predisposición de las condiciones para su apropiación. Esto es válido tanto para el caso de radicación de la villa como para el caso de su erradicación.
La radicación ordenada implica una visión integrada de la ciudad y una distribución democrática y equitativa de los recursos creados por la acción estatal. Requiere de una clara intervención del estado para asentar allí no sólo viviendas sino también equipamiento urbano.
En cambio la erradicación supone la instalación de algún proyecto (en sentido amplio), que no va a ser objeto de apropiación por parte de ninguno de los actuales pobladores.
Ahora bien, Macri siempre sostuvo que la villa 31 debía ser erradicada. Es decir, desalojada para dar lugar al desarrollo del Proyecto Retiro o algún otro emprendimiento vinculado con los intereses inmobiliarios. A eso él denomina urbanización.
Pero hay que prestar más atención. Según Infobae del día 4 de agosto de 2007, el presunto Jefe de Gabinete del futuro gobierno PRO, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “erradicación no es la palabra”.
Y ahora se habla de buscar consensos.
Esto demuestra algo más que la atención y el cuidado que pone PRO en la elección y utilización de las palabras.
Pero la única verdad es la realidad.
Erradicación no es la palabra porque no es políticamente correcta. No se puede usar porque recuerda demasiado a la dictadura y porque muestra una cara de PRO (¿la verdadera?) políticamente impresentable. La que pretendería poner al estado al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía, replicando la fórmula de los conquistadores del desierto de hace un siglo.
No sea cosa que pase lo mismo que durante la campaña. No sea cosa que consensuar no sea un eufemismo más para esconder el soborno que se necesita para que de una vez por todas estos "negros de mierda" desocupen esa tierra, y urbanizar sea otro eufemismo para ocultar "los negocios de la gran puta" que podemos hacer ahí.
La cosa podría resumirse así: las clases económicamente más poderosas necesitaban aumentar la escala de su economía y por eso necesitaban afectar más tierra a las pasturas y a los cultivos. El obstáculo eran los indios, que militarmente eran inferiores.
¿Qué hizo el Estado? Proporcionó a los terratenientes la ley, la justicia y la fuerza. Es decir, predispuso todo su aparato en función de los objetivos de la clase económicamente dominante que, hay que decirlo, había ocupado el Estado y por eso era también la clase políticamente dominante.
Los resultados están a la vista.
Visto desde el punto de vista de la ocupación territorial, parece claro que el dominio se sustentaba en la ocupación de las tierras más ricas, aunque en ese caso su riqueza devenía simplemente de sus condiciones naturales para la utilización en actividades primarias. Es decir, no era necesaria ninguna otra intervención del estado para transformar esas extensiones de tierra en bienes económicamente relevantes.
Más de un siglo después, las condiciones han cambiado bastante: las clases dominantes ya no basan su dominio sólo en la explotación de la tierra; el país ha perdido su exclusivo perfil agrícola ganadero y por ende se necesita de acciones más complejas para la creación de valor, y el estado no es objeto de apropiación automática por parte de los ganadores del modelo. Deben someterlo al escrutinio popular periódicamente.
La historia reciente ha dado muestras de que el poder económico no siempre tiene un correlato lineal con el poder político.
Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires ha triunfado en las últimas elecciones una coalición ligada simbólica y materialmente a uno de los grupos favorecidos por el fenómeno de concentración de la economía que se ha profundizado en las últimas dos décadas del siglo veinte.
Conviene tener presente esto para procesar los gestos y las decisiones que se tomen en relación con la villa 31.
Con la villa 31 se pueden hacer tres cosas: radicarla, erradicarla o dejarla como está, es decir, en estado de anomia. Descartamos esta última alternativa porque no es una opción responsable.
La erradicación lisa y llana supone el traslado de sus actuales ocupantes a otras tierras y la ocupación de estas tierras por otros actores sociales. Este proceso podría realizarse por medios pacíficos o violentos.
La radicación implica la aplicación de un programa que contemple el asentamiento definitivo de al menos algunos de los actuales ocupantes y la integración de la tierra a la trama urbana.
En ambos casos se requiere la intervención estatal.
Desde el punto de vista material se puede afirmar que la acción estatal importa la generación de riquezas y la predisposición de las condiciones para su apropiación. Esto es válido tanto para el caso de radicación de la villa como para el caso de su erradicación.
La radicación ordenada implica una visión integrada de la ciudad y una distribución democrática y equitativa de los recursos creados por la acción estatal. Requiere de una clara intervención del estado para asentar allí no sólo viviendas sino también equipamiento urbano.
En cambio la erradicación supone la instalación de algún proyecto (en sentido amplio), que no va a ser objeto de apropiación por parte de ninguno de los actuales pobladores.
Ahora bien, Macri siempre sostuvo que la villa 31 debía ser erradicada. Es decir, desalojada para dar lugar al desarrollo del Proyecto Retiro o algún otro emprendimiento vinculado con los intereses inmobiliarios. A eso él denomina urbanización.
Pero hay que prestar más atención. Según Infobae del día 4 de agosto de 2007, el presunto Jefe de Gabinete del futuro gobierno PRO, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “erradicación no es la palabra”.
Y ahora se habla de buscar consensos.
Esto demuestra algo más que la atención y el cuidado que pone PRO en la elección y utilización de las palabras.
Pero la única verdad es la realidad.
Erradicación no es la palabra porque no es políticamente correcta. No se puede usar porque recuerda demasiado a la dictadura y porque muestra una cara de PRO (¿la verdadera?) políticamente impresentable. La que pretendería poner al estado al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía, replicando la fórmula de los conquistadores del desierto de hace un siglo.
No sea cosa que pase lo mismo que durante la campaña. No sea cosa que consensuar no sea un eufemismo más para esconder el soborno que se necesita para que de una vez por todas estos "negros de mierda" desocupen esa tierra, y urbanizar sea otro eufemismo para ocultar "los negocios de la gran puta" que podemos hacer ahí.
Claudio G. Hoistacher
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