El conflicto en la villa 1-11-14
La toma de viviendas construidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) para ser entregados a los pobladores de la villa 1-11-14 en el Bajo Flores, no debe ser entendida como un hecho aislado; debe interpretarse como un eslabón de una cadena de hechos de las mismas características que se sucedieron casi sin solución de continuidad desde la ampliamente difundida toma de departamentos en el mismo barrio hace aproximadamente un año.
Las dos tomas de tierras en Villa Lugano, los episodios en torno al incendio del asentamiento conocido como Villa Cartón (bajo la autopista Héctor J. Campora), o la toma de tierras lindantes a la estación Buenos Aires, en el barrio de Barracas, ponen de manifiesto la existencia de una profunda crisis del modelo de gestión implementado por el área de vivienda del Gobierno de la Ciudad.
Esta crisis comienza a ponerse en evidencia hace exactamente un año, en ocasión de la anterior gran toma y saqueo de viviendas populares en el mismo barrio; lo cual indica a las claras que ninguna de las medidas adoptadas en ese período tuvo el efecto buscado
La falla en la formulación del diagnóstico, “garantiza” por sí misma el fracaso de la gestión de gobierno en la materia. Sin embargo, hay otras causas que se suman al fracaso de la política de vivienda del actual Gobierno de la Ciudad Autónoma.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma, y específicamente el Instituto de Vivienda de la Ciudad ha trocado vocación política de efectiva resolución de problemas por la escenificación de los mismos.
Hace un año el entonces (y actual) Ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Agrónomo Juan Pablo Schiavi. decía que la toma era atribuible a activistas ibarristas, protagonistas y hacedores de una dinámica de clientelismo político que tenía su correlato dentro de la propia estructura del IVC, tanto a nivel político como a nivel del personal de planta.
Afirmaba que el IVC era un organismo podrido del cual “salía pus apenas se apretara cualquiera de sus poros”, y establecía una relación entre los punteros presuntamente autores intelectuales y materiales de la toma y la anterior conducción ibarrista del IVC.
Declaró que haría todas las reformas administrativas y denuncias judiciales del caso, una vez que hubiera reunido las pruebas necesarias.
Probablemente aun esté buscando las pruebas de tan tajantes y graves acusaciones. Afortunadamente, no perdió el tiempo ni utilizó los recursos de los ciudadanos en inútiles denuncias judiciales.
Primeramente se procedió con toda bambolla a intervenir el IVC. Curiosamente, el Interventor designado por el Jefe de Gobierno fue el mismo que desempeñaba el cargo de Presidente del IVC. Naturalmente, la intervención (rechazada por la legislatura que no aprobó el DNU dictado al efecto) cesó luego de agotarse su plazo legal de vigencia y el “nuevo” Presidente designado fue… la misma persona, es decir, el anterior Presidente y luego Interventor, el Arq. Claudio Freidin.
Freidin, ya en su carácter de Presidente, es decir, una vez finalizada la intervención, se alineó más aún con las posiciones del Ministro y prometió una fuerte reforma del IVC, porque, decía, esta era la forma de resolver los problemas de disfunción que finalmente devenían en episodios como la toma de los departamentos de la Villa 1-11-14.
Durante el año 2006 se produjeron en el IVC algunas modificaciones: Hubo efectivamente un cambio de organigrama y de personal jerárquico. Se desplazó a la totalidad de la línea gerencial, se redujo formalmente el número de gerencias, aunque se crearon unidades ejecutoras de programas con rango de gerencias en número más o menos equivalente a las preexistentes; se designó a un lote de funcionarios cercanos a Carlos Grosso.
El Ministro Schiavi afirmó en reiteradas oportunidades que todo este movimiento político, institucional y técnico estaba dirigido a fortalecer la gestión del IVC, optimizando su capacidad de articulación con la totalidad de los actores del sistema de vivienda. Destruyendo el supuesto sistema clientelar, desaparecerían las tomas…
Pero las tomas continuaron aun con mayor frecuencia e intensidad que hace un año.
En realidad, tanto las denuncias de Schiavi como la intervención del IVC no se motivaron en la necesidad de dar respuesta a un problema de funcionamiento de un organismo del estado, sino en la necesidad de obtener la urgente legitimación social y mediática que necesitaba el gobierno de Telerman a poco de la destitución de Ibarra.
De allí el cariz teatral y mediático del manejo de las crisis. Las denuncias de Schiavi, con el morboso espectáculo que ofrece la miseria como telón de fondo, y la posterior intervención del IVC fueron sólo golpes de efecto; fueron medidas racionalmente indefendibles.
En definitiva, prevaleció el interés mezquino de la política (que no es el interés político) por sobre la vocación de resolución real de acuciantes problemas sociales.
Esta hipótesis se confirma a la luz de las reacciones de Schiavi y de Freidin ante la nueva toma de viviendas en el Bajo Flores: más allá de las consabidas denuncias policiales por la usurpación y las operaciones represivas, no tardaron en atribuir la toma a alguna oscura maniobra política, vinculada esta vez con los cierres de las listas para legisladores.
Sin embargo, la única causa eficiente e inmediata de esta nueva toma de departamentos en el Bajo Flores es la miopía, el narcisismo y la inacción de los funcionarios a cargo de la política de vivienda de la Ciudad.
La ineficiencia e inacción de estos funcionarios ha llevado a que la totalidad de los actores del sistema de vivienda, esto es, empresarios, organizaciones sociales, profesionales y políticos actualmente coincidan en señalar que la gestión del IVC es la peor de la que se tenga memoria.
El deterioro de la gestión del IVC y la incapacidad del gobierno de Telerman para entender la profundidad del problema habitacional no solo se pone de manifiesto con las casi permanentes tomas de viviendas y tierras en los barrios pobres, sino que surge constantemente frente a cualquiera de los desafíos que la problemática habitacional plantea a quienes tienen la responsabilidad de resolverla.
La manía acusatoria demostrada por los funcionarios del área una y otra vez es el discurso con el que se intenta ocultar los paupérrimos resultados de la gestión
Es que la administración Telerman - Schiavi – Freidín no tiene resultados propios para mostrar: la totalidad de las viviendas entregadas y la totalidad de las viviendas en ejecución durante su gestión corresponden a programas y operatorias preexistentes a la intervención. Invariablemente, en todos los casos se trata de proyectos cuyo inicio se registró en épocas en que el jefe de gobierno era Aníbal Ibarra
En abril de 2006 había 3547 viviendas en ejecución, gestadas en el gobierno ibarrista, de las cuales 549 correspondían a la villa 1-11-14. La administración Telerman – Schiavi no inició ni una sola vivienda más.
Además, se encontraban en condiciones de inicio inmediato otras 5149 viviendas, de las cuales la mayoría aún no ha comenzado su construcción.
La insuficiencia del discurso oficial para explicar la ausencia de resultados de gestión se hace cada vez más visible e intolerable para quienes deberían resultar beneficiarios de las políticas oficiales de vivienda. Basta recordar la vergonzosa perfomance de Freidin y Schiavi en ocasión del incendio de la Villa El Cartón, circunstancia en la que la ausencia de política y gestión se transmitió en vivo y en directo por los canales de noticias televisivos, enfrentamientos de pobres contra pobres mediante.
O el escándalo apenas sofocado desatado por la suspensión temporaria de los permisos de construcción, y la consecuente normativa de corte completamente demagógico, o la toma de tierras en Villa Lugano, o tantas otras situaciones sin resolución.
Lo que no entienden Telerman – Schiavi – Freidin, es que el problema habitacional es un problema histórico, social, económico y cultural antes, mucho antes que político. Tiene su expresión política, en todo caso, pero esto para nada es lo central.
El déficit habitacional expresa primordialmente una relación de poder entre distintos sectores o clases sociales. Expresa el premio o castigo que la economía les tiene reservado a quienes desempeñen una u otra función en un esquema de producción y apropiación de recursos.
El déficit habitacional no es más que una de las caras de la victoria de unos a expensas de la derrota de otros, y las tomas denuncian la inexistencia de consenso social en el territorio para la solución del problema.
No se puede perder de vista este contexto para entender qué pasa cuando se produce una toma de viviendas en un barrio popular.
Contrariamente a lo que en forma sistemática repiten Telerman, Schiavi y Freidin cada vez que una situación los supera, no existen hoy en día actores ni organizaciones políticas capaces de determinar, digitar ni controlar y sostener una toma de viviendas como las registradas en el Bajo Flores o en Lugano.
Lo que sí hay es necesidades básicas insatisfechas. Mucha gente muy pobre.
Los problemas estructurales de la sociedad, de los cuales el déficit habitacional es una muestra, no se resuelven actuándolos ni denunciando o demonizando permanentemente a terceros u organizaciones inexistentes. Se resuelven estudiando seriamente los problemas, buscando consensos sociales que permitan la implementación de políticas de estado claras e integrales para las soluciones de fondo, y trabajando duramente para resolver la situación coyuntural.
La sociedad hace rato que está harta de estas visiones conspirativas, de que la culpa siempre la tengan otros, de la autovictimización de funcionarios claramente incapaces de ejecutar ninguna acción transformadora.
La toma de viviendas construidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) para ser entregados a los pobladores de la villa 1-11-14 en el Bajo Flores, no debe ser entendida como un hecho aislado; debe interpretarse como un eslabón de una cadena de hechos de las mismas características que se sucedieron casi sin solución de continuidad desde la ampliamente difundida toma de departamentos en el mismo barrio hace aproximadamente un año.
Las dos tomas de tierras en Villa Lugano, los episodios en torno al incendio del asentamiento conocido como Villa Cartón (bajo la autopista Héctor J. Campora), o la toma de tierras lindantes a la estación Buenos Aires, en el barrio de Barracas, ponen de manifiesto la existencia de una profunda crisis del modelo de gestión implementado por el área de vivienda del Gobierno de la Ciudad.
Esta crisis comienza a ponerse en evidencia hace exactamente un año, en ocasión de la anterior gran toma y saqueo de viviendas populares en el mismo barrio; lo cual indica a las claras que ninguna de las medidas adoptadas en ese período tuvo el efecto buscado
La falla en la formulación del diagnóstico, “garantiza” por sí misma el fracaso de la gestión de gobierno en la materia. Sin embargo, hay otras causas que se suman al fracaso de la política de vivienda del actual Gobierno de la Ciudad Autónoma.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma, y específicamente el Instituto de Vivienda de la Ciudad ha trocado vocación política de efectiva resolución de problemas por la escenificación de los mismos.
Hace un año el entonces (y actual) Ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Agrónomo Juan Pablo Schiavi. decía que la toma era atribuible a activistas ibarristas, protagonistas y hacedores de una dinámica de clientelismo político que tenía su correlato dentro de la propia estructura del IVC, tanto a nivel político como a nivel del personal de planta.
Afirmaba que el IVC era un organismo podrido del cual “salía pus apenas se apretara cualquiera de sus poros”, y establecía una relación entre los punteros presuntamente autores intelectuales y materiales de la toma y la anterior conducción ibarrista del IVC.
Declaró que haría todas las reformas administrativas y denuncias judiciales del caso, una vez que hubiera reunido las pruebas necesarias.
Probablemente aun esté buscando las pruebas de tan tajantes y graves acusaciones. Afortunadamente, no perdió el tiempo ni utilizó los recursos de los ciudadanos en inútiles denuncias judiciales.
Primeramente se procedió con toda bambolla a intervenir el IVC. Curiosamente, el Interventor designado por el Jefe de Gobierno fue el mismo que desempeñaba el cargo de Presidente del IVC. Naturalmente, la intervención (rechazada por la legislatura que no aprobó el DNU dictado al efecto) cesó luego de agotarse su plazo legal de vigencia y el “nuevo” Presidente designado fue… la misma persona, es decir, el anterior Presidente y luego Interventor, el Arq. Claudio Freidin.
Freidin, ya en su carácter de Presidente, es decir, una vez finalizada la intervención, se alineó más aún con las posiciones del Ministro y prometió una fuerte reforma del IVC, porque, decía, esta era la forma de resolver los problemas de disfunción que finalmente devenían en episodios como la toma de los departamentos de la Villa 1-11-14.
Durante el año 2006 se produjeron en el IVC algunas modificaciones: Hubo efectivamente un cambio de organigrama y de personal jerárquico. Se desplazó a la totalidad de la línea gerencial, se redujo formalmente el número de gerencias, aunque se crearon unidades ejecutoras de programas con rango de gerencias en número más o menos equivalente a las preexistentes; se designó a un lote de funcionarios cercanos a Carlos Grosso.
El Ministro Schiavi afirmó en reiteradas oportunidades que todo este movimiento político, institucional y técnico estaba dirigido a fortalecer la gestión del IVC, optimizando su capacidad de articulación con la totalidad de los actores del sistema de vivienda. Destruyendo el supuesto sistema clientelar, desaparecerían las tomas…
Pero las tomas continuaron aun con mayor frecuencia e intensidad que hace un año.
En realidad, tanto las denuncias de Schiavi como la intervención del IVC no se motivaron en la necesidad de dar respuesta a un problema de funcionamiento de un organismo del estado, sino en la necesidad de obtener la urgente legitimación social y mediática que necesitaba el gobierno de Telerman a poco de la destitución de Ibarra.
De allí el cariz teatral y mediático del manejo de las crisis. Las denuncias de Schiavi, con el morboso espectáculo que ofrece la miseria como telón de fondo, y la posterior intervención del IVC fueron sólo golpes de efecto; fueron medidas racionalmente indefendibles.
En definitiva, prevaleció el interés mezquino de la política (que no es el interés político) por sobre la vocación de resolución real de acuciantes problemas sociales.
Esta hipótesis se confirma a la luz de las reacciones de Schiavi y de Freidin ante la nueva toma de viviendas en el Bajo Flores: más allá de las consabidas denuncias policiales por la usurpación y las operaciones represivas, no tardaron en atribuir la toma a alguna oscura maniobra política, vinculada esta vez con los cierres de las listas para legisladores.
Sin embargo, la única causa eficiente e inmediata de esta nueva toma de departamentos en el Bajo Flores es la miopía, el narcisismo y la inacción de los funcionarios a cargo de la política de vivienda de la Ciudad.
La ineficiencia e inacción de estos funcionarios ha llevado a que la totalidad de los actores del sistema de vivienda, esto es, empresarios, organizaciones sociales, profesionales y políticos actualmente coincidan en señalar que la gestión del IVC es la peor de la que se tenga memoria.
El deterioro de la gestión del IVC y la incapacidad del gobierno de Telerman para entender la profundidad del problema habitacional no solo se pone de manifiesto con las casi permanentes tomas de viviendas y tierras en los barrios pobres, sino que surge constantemente frente a cualquiera de los desafíos que la problemática habitacional plantea a quienes tienen la responsabilidad de resolverla.
La manía acusatoria demostrada por los funcionarios del área una y otra vez es el discurso con el que se intenta ocultar los paupérrimos resultados de la gestión
Es que la administración Telerman - Schiavi – Freidín no tiene resultados propios para mostrar: la totalidad de las viviendas entregadas y la totalidad de las viviendas en ejecución durante su gestión corresponden a programas y operatorias preexistentes a la intervención. Invariablemente, en todos los casos se trata de proyectos cuyo inicio se registró en épocas en que el jefe de gobierno era Aníbal Ibarra
En abril de 2006 había 3547 viviendas en ejecución, gestadas en el gobierno ibarrista, de las cuales 549 correspondían a la villa 1-11-14. La administración Telerman – Schiavi no inició ni una sola vivienda más.
Además, se encontraban en condiciones de inicio inmediato otras 5149 viviendas, de las cuales la mayoría aún no ha comenzado su construcción.
La insuficiencia del discurso oficial para explicar la ausencia de resultados de gestión se hace cada vez más visible e intolerable para quienes deberían resultar beneficiarios de las políticas oficiales de vivienda. Basta recordar la vergonzosa perfomance de Freidin y Schiavi en ocasión del incendio de la Villa El Cartón, circunstancia en la que la ausencia de política y gestión se transmitió en vivo y en directo por los canales de noticias televisivos, enfrentamientos de pobres contra pobres mediante.
O el escándalo apenas sofocado desatado por la suspensión temporaria de los permisos de construcción, y la consecuente normativa de corte completamente demagógico, o la toma de tierras en Villa Lugano, o tantas otras situaciones sin resolución.
Lo que no entienden Telerman – Schiavi – Freidin, es que el problema habitacional es un problema histórico, social, económico y cultural antes, mucho antes que político. Tiene su expresión política, en todo caso, pero esto para nada es lo central.
El déficit habitacional expresa primordialmente una relación de poder entre distintos sectores o clases sociales. Expresa el premio o castigo que la economía les tiene reservado a quienes desempeñen una u otra función en un esquema de producción y apropiación de recursos.
El déficit habitacional no es más que una de las caras de la victoria de unos a expensas de la derrota de otros, y las tomas denuncian la inexistencia de consenso social en el territorio para la solución del problema.
No se puede perder de vista este contexto para entender qué pasa cuando se produce una toma de viviendas en un barrio popular.
Contrariamente a lo que en forma sistemática repiten Telerman, Schiavi y Freidin cada vez que una situación los supera, no existen hoy en día actores ni organizaciones políticas capaces de determinar, digitar ni controlar y sostener una toma de viviendas como las registradas en el Bajo Flores o en Lugano.
Lo que sí hay es necesidades básicas insatisfechas. Mucha gente muy pobre.
Los problemas estructurales de la sociedad, de los cuales el déficit habitacional es una muestra, no se resuelven actuándolos ni denunciando o demonizando permanentemente a terceros u organizaciones inexistentes. Se resuelven estudiando seriamente los problemas, buscando consensos sociales que permitan la implementación de políticas de estado claras e integrales para las soluciones de fondo, y trabajando duramente para resolver la situación coyuntural.
La sociedad hace rato que está harta de estas visiones conspirativas, de que la culpa siempre la tengan otros, de la autovictimización de funcionarios claramente incapaces de ejecutar ninguna acción transformadora.
Claudio G. Hoistacher
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