VILLA CARTON: Y AHORA ¿QUIEN TIENE LA CULPA?

El Asesor Tutelar dijo que el gobierno se olvidó de los habitantes de Villa Cartón.
El discurso oficial habla de destinar viviendas que se construirían para ellos en Varela y Cruz. Eso es imposible y lo saben perfectamente los funcionarios a cargo del área. Recordemos la furia de los vecinos de Soldati. Crónica TV transmitió en vivo y en directo el papelón que pasaron Freidin y compañía cuando los vecinos los echaron de una asamblea…
Respecto de las espantosas condiciones en las que viven los pobladores del nuevo campo de refugiados sociales, el actual presidente - gato del IVC, ex funcionario menemista del Plan Arraigo; ex coordinador del lamentable Programa Mejor Vivir; ex Interventor, ex Presidente pre intervención y autopostulado futuro miembro del Directorio (por la oposición) del hoy más desprestigiado que nunca IVC, sostuvo que las acciones que se llevaron a cabo mejoraron notablemente la calidad de vida de esos habitantes de esta Ciudad. "Están mejor que en el asentamiento", según Noticias Urbanas del 27/7/07, aunque parezca un titular de la revista Barcelona.
Pobres hubo siempre, pareciera decir, recordando a su innombrable mentor...

Freidin se quedó sin discurso. Su problema es que ahora, en retirada, desaparecida la necesidad de acumulación política impuesta por la coyuntura electoral, ya no parece tener sentido encontrar culpables.
Por las dudas, que a Gabriel Fucks no se le vaya a ocurrir pasar cerca del Parque Roca.

EL COLAPSO DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Es repetitivo pero hay que decirlo de todos modos. El Gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires es completamente inoperante en materia habitacional y ha perdido definitivamente la capacidad de gestión y hasta de contención del reclamo social que sus propias acciones fomentan y potencian.
Las protestas se suceden sin solución de continuidad y cada vez con más frecuencia repercuten directamente en Bolivar 1.
Ahora fueron integrantes de cooperativas de vivienda que reclamaban a Telerman el “pago” por su colaboración en la campaña electoral, lo que se traduciría en la reactivación del Programa de Autogestión para la Vivienda desarticulado por el Instituto de Vivienda. La semana pasada vecinos de La Boca cooperativizados hacían idéntico reclamo, aunque con motivos diferentes. En ese caso no se reclamaba ningún “pago”.
Otros vecinos del mismo barrio empapelaron Carlos Pellegrini 211 con la foto de la nena fallecida en el incendio del conventillo de la calle Necochea.
Antes de esto, vecinos del Barrio Zavaleta reclamaron por viviendas cuya entrega, de acuerdo a lo prometido en su momento por el IVC, debió haberse realizado hace más o menos un año. Al día siguiente, la Coordinadora de Villas resucitó para reclamar contra los permanentes cortes de luz que afectan a las barriadas más pobres de la Ciudad.
Unos días antes se producía el violento desalojo de terrenos linderos con el Palacio Tomás A. Ducó, la cancha de Huracán. Las Madres, entretanto, reclamaron al Jefe de Gobierno seguridades en torno a la continuidad de los planes de vivienda encarados por la Organización en Los Piletones y en la Villa 15.
De la clase media, ni hablar. Se desarticuló el Programa Vivienda Porteña. De hecho sobre la base de la ingeniería de este Programa se edifican las operatorias que anuncia el Gobierno Nacional, en cuya ejecución no se contempla la participación del IVC sino del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco Central.
Se han abandonado programas básicos y generales, como el de Rehabilitación de Conjuntos y Barrios u otros más específicos para situaciones que conllevan peligro cierto de derrumbe y cuya solución está prevista por leyes, como los casos del Conjunto Colonia Sola o el Barrio Comandante Luis Piedrabuena. No debiera extrañar una catástrofe edilicia –con las consecuentes responsabilidades penales- en cualquiera de estos escenarios.
Los créditos individuales se han frenado. Así lo indica la nota publicada por Clarín el sábado 21 de julio pasado. La causa sería un problema de planificación con repercusión presupuestaria. Sin embargo, se habrían pintado tres tanques de agua del Complejo de Soldati (los que se ven desde la Autopista). Se rumorea que al módico precio de U$S 100.000.- cada uno. Sin licitación.
Las obras están casi paralizadas.
Los planes nacionales no se están ejecutando. El Programa de mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir es un escándalo. En numerosos casos habrían existido empresas “fantasma” que cobraron anticipos financieros y no llevaron a cabo las obras. En otros, empresas reales sí hicieron las obras pero no cobraron lo convenido por defectos imperdonables en el diseño jurídico de la operatoria. Va a ser una fábrica de juicios.
Las sospechas sobre corrupción sistemática sobrevuelan el Organismo como hace muchos años que no ocurría.
Como si todo esto fuera poco, en los últimos días hubo dos noticias judiciales que también demuestran que lo que se afirma no es caprichoso: por una parte, un juez ordenó la provisión de agua en la villa 31 bis y la Cámara confirmó el fallo. De sus fundamentos surge una implícita denuncia por incumplimiento de normas locales, nacionales y de Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22).
Por la otra, el Ministerio Público denunció, amparo mediante, las deplorables condiciones en las que viven en el Parque Roca los trasladados ex habitantes de la incendiada Villa El Cartón, condiciones que sin embargo el gobierno reproduce para albergar allí a los habitantes de un asentamiento levantado en terrenos lindantes con el ex Ferrocarril Gral. San Martín. Al parecer, la nueva y superadora respuesta del gobierno para los más pobres son los campos de refugiados sociales. Por supuesto que esta práctica también es violatoria de un enorme listado de preceptos supraconstitucionales.

Es claramente una situación de colapso. ¿Qué colapsa? Una forma de gestionar de los funcionarios cuyas acciones persiguieron desde el primer día de su gestión un único objeto: satisfacer las “necesidades” que les impuso su proyecto de acumulación política, lo que por lo general ha llevado más a destruir lo hecho (bueno o malo) con anterioridad antes que a construir un programa.
Producido el fracaso electoral de Telerman y desvanecidas las expectativas de continuidad de los funcionarios, se produce una especie de desbande de recursos. Ni siquiera pueden cumplirse los compromisos asumidos políticamente por afuera de toda planificación.
Hasta las acusaciones públicas desaparecieron de la boca de los funcionarios a cargo del área, porque incluso esa práctica no se basaba en hechos reales sino en necesidades de instalación política.
Los artífices de esta fracasada estrategia de gestión y de acción política son el Presidente del IVC, ex funcionario menemista, y el Ministro de Planeamiento y Obras Públicas, operador de Carlos Grosso y ex Jefe de campaña de Macri en 2003. Ambos han incumplido no sólo sus propios acuerdos políticos sino la ley. A juzgar por los últimos acontecimientos, podría esperarles una temporada de paseo por Tribunales.
La inacción, la miopía y el autismo político de las autoridades del área, y el aval a sus políticas maniqueístas otorgado por el ilegítimo Jefe de Gobierno no son neutrales. Tienen un significado real en cuanto al rol del estado como árbitro o actor del conflicto social.
La creciente conflictividad que se manifiesta en materia sociohabitacional en la Ciudad de Buenos Aires demuestra que no hay espacio para prácticas irresponsables.

En un futuro inmediato, será en la resolución del conflicto sociohabitacional donde las sucesivas administraciones definirán su verdadera identidad ideológica, es decir, su verdadera mirada acerca de la sociedad y del estado.

Claudio G. Hoistacher

LA CONQUISTA DE RETIRO

Hace muchos años, la oligarquía dominante tenía que expandirse territorialmente para desarrollar el modelo exportador agrícola – ganadero que impulsaba la generación del ´80. Se organizó una expedición militar que tenía por objeto la conquista del desierto. Este desierto no estaba tan desierto: había aborígenes, es decir pobladores originarios de esa tierra, a los que en nombre del progreso se los expulsó violentamente y sin miramientos confinándolos en las tierras verdaderamente desérticas, inhóspitas. Los sobrevivientes fueron tolerados, pero en lugares inservibles para la explotación económica.

La cosa podría resumirse así: las clases económicamente más poderosas necesitaban aumentar la escala de su economía y por eso necesitaban afectar más tierra a las pasturas y a los cultivos. El obstáculo eran los indios, que militarmente eran inferiores.

¿Qué hizo el Estado? Proporcionó a los terratenientes la ley, la justicia y la fuerza. Es decir, predispuso todo su aparato en función de los objetivos de la clase económicamente dominante que, hay que decirlo, había ocupado el Estado y por eso era también la clase políticamente dominante.

Los resultados están a la vista.

Visto desde el punto de vista de la ocupación territorial, parece claro que el dominio se sustentaba en la ocupación de las tierras más ricas, aunque en ese caso su riqueza devenía simplemente de sus condiciones naturales para la utilización en actividades primarias. Es decir, no era necesaria ninguna otra intervención del estado para transformar esas extensiones de tierra en bienes económicamente relevantes.

Más de un siglo después, las condiciones han cambiado bastante: las clases dominantes ya no basan su dominio sólo en la explotación de la tierra; el país ha perdido su exclusivo perfil agrícola ganadero y por ende se necesita de acciones más complejas para la creación de valor, y el estado no es objeto de apropiación automática por parte de los ganadores del modelo. Deben someterlo al escrutinio popular periódicamente.

La historia reciente ha dado muestras de que el poder económico no siempre tiene un correlato lineal con el poder político.

Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires ha triunfado en las últimas elecciones una coalición ligada simbólica y materialmente a uno de los grupos favorecidos por el fenómeno de concentración de la economía que se ha profundizado en las últimas dos décadas del siglo veinte.

Conviene tener presente esto para procesar los gestos y las decisiones que se tomen en relación con la villa 31.

Con la villa 31 se pueden hacer tres cosas: radicarla, erradicarla o dejarla como está, es decir, en estado de anomia. Descartamos esta última alternativa porque no es una opción responsable.

La erradicación lisa y llana supone el traslado de sus actuales ocupantes a otras tierras y la ocupación de estas tierras por otros actores sociales. Este proceso podría realizarse por medios pacíficos o violentos.

La radicación implica la aplicación de un programa que contemple el asentamiento definitivo de al menos algunos de los actuales ocupantes y la integración de la tierra a la trama urbana.

En ambos casos se requiere la intervención estatal.

Desde el punto de vista material se puede afirmar que la acción estatal importa la generación de riquezas y la predisposición de las condiciones para su apropiación. Esto es válido tanto para el caso de radicación de la villa como para el caso de su erradicación.

La radicación ordenada implica una visión integrada de la ciudad y una distribución democrática y equitativa de los recursos creados por la acción estatal. Requiere de una clara intervención del estado para asentar allí no sólo viviendas sino también equipamiento urbano.

En cambio la erradicación supone la instalación de algún proyecto (en sentido amplio), que no va a ser objeto de apropiación por parte de ninguno de los actuales pobladores.

Ahora bien, Macri siempre sostuvo que la villa 31 debía ser erradicada. Es decir, desalojada para dar lugar al desarrollo del Proyecto Retiro o algún otro emprendimiento vinculado con los intereses inmobiliarios. A eso él denomina urbanización.

Pero hay que prestar más atención. Según Infobae del día 4 de agosto de 2007, el presunto Jefe de Gabinete del futuro gobierno PRO, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “erradicación no es la palabra”.

Y ahora se habla de buscar consensos.

Esto demuestra algo más que la atención y el cuidado que pone PRO en la elección y utilización de las palabras.

Pero la única verdad es la realidad.

Erradicación no es la palabra porque no es políticamente correcta. No se puede usar porque recuerda demasiado a la dictadura y porque muestra una cara de PRO (¿la verdadera?) políticamente impresentable. La que pretendería poner al estado al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía, replicando la fórmula de los conquistadores del desierto de hace un siglo.

No sea cosa que pase lo mismo que durante la campaña. No sea cosa que consensuar no sea un eufemismo más para esconder el soborno que se necesita para que de una vez por todas estos "negros de mierda" desocupen esa tierra, y urbanizar sea otro eufemismo para ocultar "los negocios de la gran puta" que podemos hacer ahí.

Claudio G. Hoistacher

TELERMAN CREE QUE MACRI NO ES INMORAL

Hazte la fama y échate a dormir. ¿Por que habría que creer en la buena fe de Telerman? Cómplice del derrocamiento de Ibarra encabezó un gobierno y un proyecto ilegítimo (no dije ilegal) desde el vamos, en el cual prevaleció siempre la ambición política de un personaje hasta no hace mucho completamente desconocido. La impronta circense de Telerman condicionó cada diagnóstico y por ende cada decisión gubernamental. Algunas acciones en su momento rutilantes, como las que sucedieron a las tomas de viviendas en el Bajo Flores o la relocalización de las familias de la Villa el Cartón, pueden ser vistas, con la perspectiva que otorga el paso del tiempo, como simples escenificaciones destinadas exclusivamente a cobrar legitimidad o a apuntalar la instalación del candidato otrora desconocido. En esos casos Telerman o caracterizados miembros de su troupe como la ministra Cerruti o el ministro Schiavi inventaban enemigos, a saber: las gestiones anteriores; los punteros ibarristas; el titular de Cascos Blancos, etc. etc. Nunca les interesó abordar y resolver los problemas reales que ahora explotan, salen a la luz todos los días. Telerman no se diferencia de Macri en el sentido que ambos dicen lo que el "mercado" quiere escuchar de la política. El discurso "eficientista" de Macri; el discurso "dialoguista" y amplio de Telerman... No es actual ni conducente la comparación de las calidades personales, profesionales o políticas de los ex candidatos porque las elecciones ya pasaron. Pero conviene no olvidar quien es quien, porque en última instancia lo único que no miente es su currículum... o su prontuario.

Claudio G. Hoistacher

EL FUTURO PERFIL DE LA POLÍTICA HABITACIONAL: QUE HACER CON LA VILLA 31

Tres veces fue noticia la villa 31 en estos últimos días.
Primero fue el Jefe de Gobierno electo, Ing. Mauricio Macri, quien sostuvo en los días previos a la realización de la segunda vuelta electoral que esa villa debía ser erradicada.
Luego, la villa fue noticia porque sus habitantes consiguieron la provisión que algunos servicios públicos, como telefonía y correo.
Por último, la justicia sancionó al ministro de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad, el Ing. Agrónoma Juan Pablo Schiavi por no asegurar la eficiente provisión de agua potable en el asentamiento.
Parece claro que hay tres actitudes respecto a la villa 31: por una parte, hay una corriente de pensamiento que sostiene la necesidad de erradicar la villa; por la otra, hay sectores cuyos comportamientos podrían interpretarse como tendientes a la consolidación del barrio y hay una tercera postura al parecer híbrida.
1. El pensamiento expresado por Macri, es funcional a otras expresiones públicamente vertidas en el pasado reciente, que adjudican un altísimo valor inmobiliario a las tierras sobre las que se asienta la villa.
Está claro que para que eso ocurra es indispensable la acción estatal, cuyo contenido necesariamente debiera encerrar la solución a una discusión vinculada con la apropiación de la renta que la acción estatal generaría. Discusión, demás está decirlo, perfectamente presente para los actuales vecinos de la villa.
2. Los acuerdos a partir de los cuales se proveerá de servicios públicos a los habitantes de la villa pueden implicar un avance en un sentido completamente opuesto al que plantea el Jefe de Gobierno electo en la medida que signifiquen consolidar lo existente. Se supone que quien consume servicios de base fija, domiciliarios, asienta y consolida su domicilio allí donde recibe estos servicios. La prestación implica el reconocimiento de una situación de hecho y al día de hoy no parece que esto genere grandes conflictos a nivel estatal.
3. Se podría considerar que la posición del Gobierno actual de la Ciudad es indefinida, porque no lleva adelante acciones tendientes a la radicación de la villa ni tampoco a su erradicación. Proporciona (mal) algunos servicios y no tiene política clara ni respecto de este ni respecto de ninguna otra situación vinculada con el problema habitacional de la Ciudad, a no ser la solución asistencial.

Parecería que la justicia tomó partido: si se cumpliera efectiva y cabalmente con lo dispuesto por el Juez Otheguy, que es quien (al mejor estilo de una remake del entuerto Gallardo – Ibarra) sancionó al Ministro Schiavi, entonces debería proporcionarse agua potable a todo el barrio de forma regular, lo que implica una clara acción tendiente a consolidarlo. Deberían tenderse algunas redes y suprimir así el método actual de provisión que implementa el Gobierno.

No se puede discutir el derecho a la salud del que deben gozar los habitantes de los distintos barrios que componen la villa 31. A nadie se le ocurriría discutir ese derecho, por ejemplo, si se tratara de los habitantes de, supongamos, Floresta. Desde ese punto de vista no hay diferencias entre los habitantes de Floresta y los del barrio Güemes.

Lo que ocurre es que una vez más un tema vinculado con el problema habitacional de la Ciudad demuestra tanto su complejidad derivada de su carácter multifacético, como la falta de consenso social respecto de su solución.
No se deben abordar estas situaciones en forma fragmentaria, descontextuada.
Dicho de otro modo: no se puede saber de antemano si es bueno o es malo erradicar la villa de Retiro o consolidarla sin tener a la vista el Plan Maestro para la Ciudad de Buenos Aires; la política habitacional (vgr. relativa al hábitat) de la Ciudad.
Y no hay posibilidad alguna de establecer una política habitacional seria si no es como consecuencia de un amplio acuerdo entre todos los actores intervinientes; un acuerdo que de lugar a una política de estado en esta materia.

Claudio G. Hoistacher

EL LUGAR DE LA PROBLEMATICA HABITACIONAL EN LA AGENDA POLÍTICA

En la noche del 9 de mayo se perdió una inusual oportunidad. En el canal de cable TN, en el programa "A dos voces", los principales candidatos a vicejefe de gobierno se permitieron debatir entre otros puntos sobre la problemática habitacional de la Ciudad. Normalmente el tema habitacional no tiene lugar en las agendas electorales, de allí mi particular expectativa. Desgraciadamente, después del debate sólo cabe confirmar que efectivamente el tema habitacional sigue tan ausente como siempre del interés y conocimiento de los principales referentes políticos del distrito. Lo que prometía ser un rico intercambio de opiniones, ideas y visiones muy pronto se convirtió en una parodia en la cual los protagonistas improvisaban sin pudores, demostrando en todos los casos desconocimiento del problema y de su historia más o menos reciente. Me resultó chocante escuchar a Olivera reivindicando su gestión, que terminó en 2000, y al mismo tiempo afirmando que la actual gestión del IVC es mejor. De hecho dijo que es la mejor de la historia de la política habitacional de la Ciudad. Dos observaciones que no hicieron los otros candidatos: 1) la gestión de Olivera terminó en 2000, es decir, antes del estallido de 2001 y no se diferenció demasiado de las anteriores. Sus resultados fueron, como él mismo elípticamente lo admitió, paupérrimos, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud del problema habitacional que por esos años indudablemente ya se había gestado. 2) la gestión del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) durante el gobierno de Telerman, altamente ponderada por Olivera, es absolutamente tributaria de la gestión anterior. Cualquier investigación periodística más o menos seria podría comprobar que todas las operatorias actualmente vigentes en el IVC, sin excepción, tuvieron su origen durante la gestión Ibarra. Más aun, todas las obras que se terminaron durante la gestión de Telerman, todas las que se iniciaron y todas las que estaban y aun están en ejecución, tuvieron su principio material o administrativo durante ese período. El (negado, ocultado) éxito de la gestión anterior tiene una explicación: desde sus inicios a fines de 2003, junto con la creación del IVC y el reemplazo de la perimida Comisión Municipal de la Vivienda, la dirigencia política de la Ciudad se permitió concebir a la política de vivienda, al menos embrionariamente como cuestión de Estado. Consecuentemente se convocó a dirigir al nuevo organismo a profesionales de indudable capacidad técnica. El oficialismo designó como presidente al Ing. Selzer, un cuadro técnico de indiscutida solvencia, sin afiliación política; el macrismo aportó al Arq. Daniel Chain, referente de la fundación Creer y Crecer, fuertemente vinculada con Compromiso Para el Cambio. Fue durante este período cuando se gestaron la totalidad de las operatorias actualmente vigentes en el IVC. La designación de Chain fue consecuencia del acuerdo entre el entonces Jefe de Gobierno, Ibarra y la presidente del bloque CPC, Gabriela Michetti.
Sin embargo, durante el debate Michetti tuvo una actitud hipercrítica tanto hacia aquella gestión del IVC como hacia la actual, en la que curiosamente el macrismo también tiene un representante en el Directorio. Incomprensible pero no tanto. Se explica porque lo que en un principio fue el fiel reflejo del consenso de las fuerzas mayoritarias en torno a esta temática, hoy se ha reducido a una simple repartija de cargos. Un negocio político más. Michetti debería dejar de mirar para el costado ...
Por su parte, el bueno de Heller dice que si gana va a construir 10.000 viviendas y a otorgar 10.000 créditos a través del Banco Ciudad. Esto tiene algunos problemas. En primer término Heller no nos dice dónde van a construir estas viviendas. Sabido es que no hay casi tierras disponibles en la Ciudad y las que hay o bien resultan económicamente inaccesibles para la población que requiere ayuda estatal para el acceso a su vivienda, o en otros casos, la mera perspectiva de la construcción más o menos masiva genera el espontáneo y hasta ahora triunfante rechazo de los vecinos preexistentes. El segundo problema es el dinero: La generación de 20.000 soluciones habitacionales por año, sea mediante construcción o a través de créditos para la compra, suponiendo que el precio promedio de cada vivienda fuera de cien mil pesos, representa un presupuesto de dos mil millones de pesos anuales para destinar a vivienda. Eso es equivalente a incrementar aproximadamente un 600% el presupuesto asignado para este año al IVC. No parece cumplible una promesa de este calibre.
La solución del problema habitacional de la Ciudad no se resuelve con declamaciones estentóreas sino con estrategias y políticas que hasta la fecha no han sido reveladas por ninguno de los candidatos. Deberían los candidatos retomar la idea según la cual la política de vivienda es o debe ser política de Estado, sustrayéndola de los avatares electorales. La dirigencia de la Ciudad debería reflexionar acerca de algunos temas de indudable centralidad, como ser la generación y apropiación de suelo urbano, las causas reales, no paranoicas, de las tomas de tierras en la ciudad, la necesidad de implementar mecanismos de participación real en todos los ámbitos territoriales para consensuar una visión que legitime el nuevo código de planeamiento urbano, la implementación de una política de contingencia, con criterios unificados, para atender la emergencia habitacional, etc.
Deberían los candidatos postergar para un momento acaso más luminoso las chicanas y la retórica vacía de contenido, y en todo caso aprovechar las coyunturas electorales para instalar un debate del que la sociedad, hasta ahora ha permanecido casi ausente.

Claudio G. Hoistacher

RESPUESTA OBVIA A ALGUNAS GENERALIZACIONES

La historia debiera habernos enseñado lo peligroso que es ignorar la existencia y contenidos de la Constitución. El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho a la vivienda digna a todos los ciudadanos sin distinguir su origen, su nacionalidad o su ocupación. El Estado está obligado, además, a efectivizar progresivamente ese derecho a la vivienda digna. Tampoco hace distinción nuestra Constitución respecto al derecho efectivo a la salud del que gozan todos los habitantes de nuestra Ciudad, aun los más pobres, sean argentinos o extranjeros. Más peligroso aún es prejuzgar, suponer, generalizar, proponer sin fundamentos ni conocimiento cabal de los hechos. Los censos existen; se sabe exactamente cuántas familias viven en la villa31, desde cuándo y en qué condiciones. Lo mismo que en las demás villas de esta Ciudad. Parece obvio, pero es en mi opinión importante recalcar que NADIE vive por elección en las lamentables condiciones en las que se vive en cualquier villa, en cualquier enclave de miseria de Argentina. Los porteños no somos ni estúpidos ni paranoicos, y por eso no negamos la existencia de episodios delictivos, tanto como en el resto de la ciudad y del país. En la Argentina no existen ni la Rocinha ni el Comando Vermelho. Por lo demás, parece cuanto menos sugestivo que el interés de algunos se concentre en la villa 31 y en el asentamiento de Costanera Sur. Digo esto por el presunto valor inmobiliario de las tierras de la villa 31 y porque las tierras de la Costanera Sur ocupadas desde hace más de 20 años por el asentamiento pertenecen a IRSA y es donde se proyecta radicar parte del Barrio Santa María, un magnífico megaemprendimiento inmobiliario. Detrás de ciertas valoraciones sin fundamento, lo que hay es una repetición mecánica de un discurso discriminatorio que efectivamente, tiene el color del fascismo y es además claramente funcional a la apropiación de la renta de las mejores tierras de la Ciudad por parte de los sectores económicamente más poderosos de nuestro país. A nadie, salvo a un imbécil se le puede ocurrir que los problemas estructurales como el que pone de manifiesto la villa 31 se resuelven con políticas discriminatorias, demagógicas y autoritarias, ni tampoco aplicando recetas neoliberales. La historia reciente lo ha demostrado.

Claudio G. Hoistacher