EL COLAPSO DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Es repetitivo pero hay que decirlo de todos modos. El Gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires es completamente inoperante en materia habitacional y ha perdido definitivamente la capacidad de gestión y hasta de contención del reclamo social que sus propias acciones fomentan y potencian.
Las protestas se suceden sin solución de continuidad y cada vez con más frecuencia repercuten directamente en Bolivar 1.
Ahora fueron integrantes de cooperativas de vivienda que reclamaban a Telerman el “pago” por su colaboración en la campaña electoral, lo que se traduciría en la reactivación del Programa de Autogestión para la Vivienda desarticulado por el Instituto de Vivienda. La semana pasada vecinos de La Boca cooperativizados hacían idéntico reclamo, aunque con motivos diferentes. En ese caso no se reclamaba ningún “pago”.
Otros vecinos del mismo barrio empapelaron Carlos Pellegrini 211 con la foto de la nena fallecida en el incendio del conventillo de la calle Necochea.
Antes de esto, vecinos del Barrio Zavaleta reclamaron por viviendas cuya entrega, de acuerdo a lo prometido en su momento por el IVC, debió haberse realizado hace más o menos un año. Al día siguiente, la Coordinadora de Villas resucitó para reclamar contra los permanentes cortes de luz que afectan a las barriadas más pobres de la Ciudad.
Unos días antes se producía el violento desalojo de terrenos linderos con el Palacio Tomás A. Ducó, la cancha de Huracán. Las Madres, entretanto, reclamaron al Jefe de Gobierno seguridades en torno a la continuidad de los planes de vivienda encarados por la Organización en Los Piletones y en la Villa 15.
De la clase media, ni hablar. Se desarticuló el Programa Vivienda Porteña. De hecho sobre la base de la ingeniería de este Programa se edifican las operatorias que anuncia el Gobierno Nacional, en cuya ejecución no se contempla la participación del IVC sino del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco Central.
Se han abandonado programas básicos y generales, como el de Rehabilitación de Conjuntos y Barrios u otros más específicos para situaciones que conllevan peligro cierto de derrumbe y cuya solución está prevista por leyes, como los casos del Conjunto Colonia Sola o el Barrio Comandante Luis Piedrabuena. No debiera extrañar una catástrofe edilicia –con las consecuentes responsabilidades penales- en cualquiera de estos escenarios.
Los créditos individuales se han frenado. Así lo indica la nota publicada por Clarín el sábado 21 de julio pasado. La causa sería un problema de planificación con repercusión presupuestaria. Sin embargo, se habrían pintado tres tanques de agua del Complejo de Soldati (los que se ven desde la Autopista). Se rumorea que al módico precio de U$S 100.000.- cada uno. Sin licitación.
Las obras están casi paralizadas.
Los planes nacionales no se están ejecutando. El Programa de mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir es un escándalo. En numerosos casos habrían existido empresas “fantasma” que cobraron anticipos financieros y no llevaron a cabo las obras. En otros, empresas reales sí hicieron las obras pero no cobraron lo convenido por defectos imperdonables en el diseño jurídico de la operatoria. Va a ser una fábrica de juicios.
Las sospechas sobre corrupción sistemática sobrevuelan el Organismo como hace muchos años que no ocurría.
Como si todo esto fuera poco, en los últimos días hubo dos noticias judiciales que también demuestran que lo que se afirma no es caprichoso: por una parte, un juez ordenó la provisión de agua en la villa 31 bis y la Cámara confirmó el fallo. De sus fundamentos surge una implícita denuncia por incumplimiento de normas locales, nacionales y de Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22).
Por la otra, el Ministerio Público denunció, amparo mediante, las deplorables condiciones en las que viven en el Parque Roca los trasladados ex habitantes de la incendiada Villa El Cartón, condiciones que sin embargo el gobierno reproduce para albergar allí a los habitantes de un asentamiento levantado en terrenos lindantes con el ex Ferrocarril Gral. San Martín. Al parecer, la nueva y superadora respuesta del gobierno para los más pobres son los campos de refugiados sociales. Por supuesto que esta práctica también es violatoria de un enorme listado de preceptos supraconstitucionales.

Es claramente una situación de colapso. ¿Qué colapsa? Una forma de gestionar de los funcionarios cuyas acciones persiguieron desde el primer día de su gestión un único objeto: satisfacer las “necesidades” que les impuso su proyecto de acumulación política, lo que por lo general ha llevado más a destruir lo hecho (bueno o malo) con anterioridad antes que a construir un programa.
Producido el fracaso electoral de Telerman y desvanecidas las expectativas de continuidad de los funcionarios, se produce una especie de desbande de recursos. Ni siquiera pueden cumplirse los compromisos asumidos políticamente por afuera de toda planificación.
Hasta las acusaciones públicas desaparecieron de la boca de los funcionarios a cargo del área, porque incluso esa práctica no se basaba en hechos reales sino en necesidades de instalación política.
Los artífices de esta fracasada estrategia de gestión y de acción política son el Presidente del IVC, ex funcionario menemista, y el Ministro de Planeamiento y Obras Públicas, operador de Carlos Grosso y ex Jefe de campaña de Macri en 2003. Ambos han incumplido no sólo sus propios acuerdos políticos sino la ley. A juzgar por los últimos acontecimientos, podría esperarles una temporada de paseo por Tribunales.
La inacción, la miopía y el autismo político de las autoridades del área, y el aval a sus políticas maniqueístas otorgado por el ilegítimo Jefe de Gobierno no son neutrales. Tienen un significado real en cuanto al rol del estado como árbitro o actor del conflicto social.
La creciente conflictividad que se manifiesta en materia sociohabitacional en la Ciudad de Buenos Aires demuestra que no hay espacio para prácticas irresponsables.

En un futuro inmediato, será en la resolución del conflicto sociohabitacional donde las sucesivas administraciones definirán su verdadera identidad ideológica, es decir, su verdadera mirada acerca de la sociedad y del estado.

Claudio G. Hoistacher