El día en que se realizaba la segunda vuelta electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el diario Clarín publicó un artículo en doble página sobre la problemática de las casas tomadas. Casualidad o no, el tema es y fue recurrente en ambas campañas en las que Macri se postuló para encabezar el gobierno de esta Ciudad.
Según la mencionada publicación, en el último año se ha registrado un notable aumento de los desalojos en la Ciudad, duplicándose el número de personas desalojadas. Las presuntas causas de este fenómeno serían:
a) La mayor celeridad de la justicia;
b) El aumento del precio de las propiedades y
c) El aumento de la población de escasos recursos en la Ciudad.
Se señala en la nota que el número de personas que se encuentran ocupando ilegalmente viviendas en la Ciudad oscila entre 70.000 y 200.000, según la fuente a la que se recurra. En cualquier caso se trata de una cifra alarmante. Obsérvese que los candidatos triunfantes reconocieron durante la campaña electoral la existencia de unas 500.000 personas en situación de déficit habitacional, de los cuales puede afirmarse que al menos el 20% corresponde a población que habita casas tomadas.
La comprobación de la existencia de casas tomadas genera reacciones diversas, que por supuesto tienen significado político y social. Es oportuno recordar aquí que durante la campaña electoral de 2003, el candidato a Jefe de Gobierno Mauricio Macri calificaba lisa y llanamente de delincuentes a quienes ocupaban propiedades ilegalmente y proponía el desalojo como toda respuesta a ese problema. En realidad, encarnaba el sentimiento de importantes sectores de la ciudadanía porteña que rechazaban cualquier política estatal que beneficiara a los ocupantes ilegales de inmuebles.
Sin embargo, el fenómeno de la toma de viviendas tiene otros aspectos sobre los que hay que prestar atención.
Obviamente, cuando se ocupa un inmueble se pone de manifiesto la existencia de un inmueble previamente desocupado, ocioso, independientemente de las causas que en cada caso dan origen a esta situación.
Cuando una familia no tiene techo está excluída, es decir, se encuentra vedada de acceder al conjunto de servicios básicos que representa una vivienda. La toma de una vivienda demuestra la existencia de una situación de emergencia habitacional que en principio cesaría con la toma.
Pero también demuestra la inexistencia de otra vía inmediata para la resolución de la situación crítica habitacional.
En síntesis, en la ocupación ilegal de una vivienda se reconoce por un lado una necesidad, la de las familias que de ese modo se procuran techo y abrigo; y por otro un medio de satisfacción de esa necesidad que no está disponible para cumplir con esa función, sea por voluntad de su legítimo propietario o por otras razones.
Es realista sostener que si las familias procuran techo y abrigo al margen de la ley es porque no pueden hacerlo dentro de la ley. Nadie vive en una casa tomada si dispone de otras opciones.
Es sabido que la vivienda es el núcleo físico en el cual la persona humana puede desarrollar su vida armónicamente. La vivienda es una necesidad básica. Tanto el derecho supranacional como el derecho nacional y local receptan esto y convierten en obligación del estado garantizar el acceso a la vivienda a todos los habitantes.
En nuestro país, este derecho tiene jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inciso 22. De forma análoga, el art. 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma establece tanto el derecho de todos los habitantes a acceder a una vivienda digna, como la obligación del estado de resolver progresivamente el déficit habitacional.
La existencia de más de 100.000 personas habitando propiedades en forma ilegal es uno de los supuestos de hecho que convierten en plenamente operativo el mandato del art. 31 de la Constitución local. Así, la situación descripta impone al estado la obligación de implementar alguna política estatal para resolver o paliar el problema, enmarcada en la progresiva solución del déficit habitacional.
Por lo tanto, podemos afirmar que se encuentra fuera de toda duda la existencia de la obligación del estado de intervenir en esta materia. Pero resta determinar el alcance de su intervención.
Para ello es necesario dar respuesta a algunos interrogantes que surgen inmediatamente. A título meramente ejemplificativo podríamos preguntarnos:
1) ¿Debe intervenir el estado más allá de la garantía judicial del derecho del propietario?
2) ¿Debe limitarse la intervención estatal a atender la emergencia con criterios meramente asistenciales (vgr. subsidios)?
3) ¿Debe preocuparse el estado por resolver la situación social integral de las familias involucradas, o debe limitarse a ofrecer una solución habitacional?
4) ¿Corresponde al estado exigir alguna contraprestación por su servicio?
5) ¿Qué debe hacer el estado con los inmuebles ociosos?
Las respuestas que demos a estas preguntas revelarán un determinado modelo de estado, una ideología. En tiempos de campañas electorales conviene recordar que “la única verdad es la realidad” y la realidad son los hechos, las acciones. No las palabras.
Sin dudas es un tema trascendente y polifacético y más allá de la garantía constitucional al acceso a una vivienda digna para todos los habitantes de la Ciudad, nadie puede afirmar que las respuestas a estos y otros interrogantes que dispara el fenómeno están socialmente saldados. En otras palabras, no hay consenso social acerca de cómo resolver este problema. Probablemente porque el tema habitacional rara vez aparece en la agenda política con la seriedad que merece.
En primer lugar debe definirse si el problema de las casas tomadas es un problema que debe resolverse mediante criterios de asistencia social o a través de políticas de vivienda.
Desde el punto de vista habitacional, el tema de las casas tomadas tiene especificidad propia, lo que exige un tratamiento diferenciado al de otros problemas habitacionales.
Fue esa especificidad, y su emergencia con fuerza a fines de la década pasada lo que originó la sanción, en febrero de 2000 de la Ley 341. Esta ley, si bien no está destinada exclusivamente a solucionar los problemas habitacionales de las familias que viven en casas tomadas, incluye dentro de su objeto material de aplicación a esta situación.
En definitiva, la ley dispone un programa de financiamiento para proyectos autogestionados por familias en situación crítica habitacional, nucleadas o no en organizaciones intermedias como cooperativas, asociaciones mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro. Es sabido que en la mayoría de los casos, las familias que habitan ilegalmente inmuebles se constituyen en cooperativas para resolver en forma colectiva su problema habitacional.
A su vez, durante el gobierno de Ibarra, el Instituto de Vivienda reglamentó esta norma y creó el programa de Autogestión para la Vivienda, cuya implementación permitió algunos resultados importantes.
Para ilustrar el éxito potencial de una operatoria como la descripta debemos recurrir al ejemplo que nos ofrece la construcción de un complejo de 330 viviendas en Parque de los Patricios por la Cooperativa de Vivienda EMETELE, del Movimiento Territorial de Liberación.
A través de este emprendimiento se resolvió la situación habitacional de 330 familias. Pero además, este emprendimiento transformó a desocupados en trabajadores de la construcción; a ocupantes ilegales de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires en propietarios, y por ende, contribuyentes. Se transformó además una manzana que pasó de ser un depósito en desuso a un barrio completamente integrado a la trama urbana y dotado de todos los servicios; y se revitalizó el barrio, logrando un aumento del valor de las propiedades linderas.
Una mirada crítica sobre este tipo de soluciones se basa en sostener que como el problema habitacional es una cuestión social y de interés público, su solución es una función indelegable del estado. Estas mismas posiciones suelen ser críticas de la asunción de funciones estatales por parte de organizaciones intermedias, en este caso, las cooperativas de vivienda.
Pero más allá de la validez o invalidez de este planteo, o del acierto o error tanto en lo que hace a su concepción como en cuanto a la ejecución de esta operatoria, lo real es que se trata de una verdadera herramienta de política de vivienda. Y como tal es progresista. Es efectivamente transformadora, no es un parche asistencialista.
Las situaciones de emergencia habitacional no pueden resolverse en los tiempos que demanda la construcción de viviendas nuevas. Menos aun resulta útil para resolver las situaciones de emergencia el programa de autogestión. Ello así porque la solución habitacional a través de la construcción de vivienda nueva, sea o no autogestionadamente, demanda como mínimo el tiempo de la construcción.
Sin embargo, en los casos de casas tomadas, las órdenes de desalojo recaen por lo general después de mucho tiempo desde que se produjo la ocupación. Es decir, la situación de las familias que viven en las casas tomadas no es una situación de emergencia habitacional mientras dura la toma; lo es al momento de la toma y vuelve a serlo cuando el lanzamiento tiene fecha cierta.
Por lo tanto, no hay excusas. El Estado está en condiciones de planificar la solución habitacional de las familias que habitan en casas tomadas.
Claro que eso requiere de claridad en la formulación de políticas, seriedad en su ejecución y una muy fuerte articulación entre distintas áreas del gobierno.
El gobierno de Telerman se ha caracterizado por intentar diferenciarse nítidamente de su antecesor. En este marco táctico, la política de vivienda del gobierno de Ibarra ha sido duramente criticada en reiteradas oportunidades tanto por el Ministro de Obras Públicas como por el presidente del Instituto de Vivienda.
Pero más allá de la retórica, conviene ver los hechos.
El gobierno de Telerman no sólo no ha implementado ninguna política habitacional frente al problema de las casas tomadas sino que ha desarticulado por asfixia presupuestaria y otras decisiones todo desarrollo posible del programa de Autogestión, y lo ha reemplazado por soluciones asistencialistas de profundo cuño conservador.
Toda la acción del actual gobierno en la materia se ha limitado a la oferta de variados subsidios. Invariablemente ineficaces y caros.
Problemas de la más variada índole como el desalojo de casas tomadas, el desalojo de asentamientos como el Rodrigo Bueno o la Villa Rosa y hasta la situación de los habitantes del desaparecido asentamiento conocido como Villa Cartón se “solucionan” con el consabido subsidio, que en definitiva no funciona ni siquiera como soborno. Los problemas siguen existiendo. Se ha creado y desarrollado la industria del subsidio.
Las autoridades del área de vivienda de la Ciudad jamás se hacen cargo de los problemas del sector. Por lo general formulan visiones paranoicas. Cuando no lo hacen, sencillamente ceden la iniciativa a otras áreas del gobierno.
Ha desaparecido la política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Los campeones de las denuncias sobre clientelismo la han reemplazado por una fantástica kermese, un muestrario de opciones asistencialistas.
Y se autojustifican: “Hay un aumento de pobres, en gran parte porque la Ciudad incrementó sus planes de asistencia. Y al mismo tiempo los juicios de desalojo se resuelven muy rápido. Lo que tenemos, entonces, es al mismo tiempo mucho ingreso y egreso de habitantes", dice Guillermo Güerín, director de Asistencia Familiar de la Ciudad y encargado de entregar los subsidios a las familias desplazadas.
En realidad, la afirmación de que el aumento de pobres se debe a la calidad de la asistencia es cuanto menos desafortunada. Si hay más pobres es porque en la ciudad no se ha generado ni más ni mejor empleo, ni estrategias serias de inclusión social. No porque se brinde mayor o mejor asistencia. Si la asistencia fuese adecuada, lo que debiera aumentar es el porcentaje de asistidos respecto del total de pobres existentes, pero de ninguna manera se sigue que de la calidad de la asistencia derive un aumento de la pobreza.
En materia habitacional no importa si la asistencia es mejor o peor, porque la política de vivienda no es ni debe ser política asistencial, no solo por mandato constitucional sino por mandato ético.
La política asistencial destinada a familias en situación de déficit o de emergencia habitacional coloca a las familias como objeto de la acción estatal, pero nunca como sujetos de la solución de su problema.
El círculo vicioso de la asistencia margina, crea cultura de la marginalidad, del no trabajo. Y no logra los objetivos que persigue: la familia beneficiaria del subsidio a poco de recibirlo ocupa otro inmueble… Se reproduce y multiplica el problema que se supone debe resolverse. Y se medra con eso.
La discusión de fondo es si queremos transformar la sociedad eliminando o al menos morigerando las desigualdades a través de acciones positivas del estado, o queremos implementar soluciones gatopardistas.
En materia habitacional no hay margen de error, hay una situación explosiva que solo se resuelve mediante políticas de estado serias, que involucren la acción complementaria y coordinada de las distintas áreas del gobierno que tienen injerencia en el tema.
La situación de creciente desamparo en la que caen no sólo los desalojados que habitan casas tomadas; la situación de vulnerabilidad habitacional crónica en la que se encuentran sumergidas amplias capas de la población es una flagrante y abierta violación al mandato impuesto por el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad.
El cumplimiento del mandato constitucional debe ser efectivo: hay que terminar con las declamaciones, las escenificaciones y las maniobras de distracción respecto de los verdaderos problemas a los que el gobierno de Telerman nos ha acostumbrado.
CLAUDIO HOISTACHER
Según la mencionada publicación, en el último año se ha registrado un notable aumento de los desalojos en la Ciudad, duplicándose el número de personas desalojadas. Las presuntas causas de este fenómeno serían:
a) La mayor celeridad de la justicia;
b) El aumento del precio de las propiedades y
c) El aumento de la población de escasos recursos en la Ciudad.
Se señala en la nota que el número de personas que se encuentran ocupando ilegalmente viviendas en la Ciudad oscila entre 70.000 y 200.000, según la fuente a la que se recurra. En cualquier caso se trata de una cifra alarmante. Obsérvese que los candidatos triunfantes reconocieron durante la campaña electoral la existencia de unas 500.000 personas en situación de déficit habitacional, de los cuales puede afirmarse que al menos el 20% corresponde a población que habita casas tomadas.
La comprobación de la existencia de casas tomadas genera reacciones diversas, que por supuesto tienen significado político y social. Es oportuno recordar aquí que durante la campaña electoral de 2003, el candidato a Jefe de Gobierno Mauricio Macri calificaba lisa y llanamente de delincuentes a quienes ocupaban propiedades ilegalmente y proponía el desalojo como toda respuesta a ese problema. En realidad, encarnaba el sentimiento de importantes sectores de la ciudadanía porteña que rechazaban cualquier política estatal que beneficiara a los ocupantes ilegales de inmuebles.
Sin embargo, el fenómeno de la toma de viviendas tiene otros aspectos sobre los que hay que prestar atención.
Obviamente, cuando se ocupa un inmueble se pone de manifiesto la existencia de un inmueble previamente desocupado, ocioso, independientemente de las causas que en cada caso dan origen a esta situación.
Cuando una familia no tiene techo está excluída, es decir, se encuentra vedada de acceder al conjunto de servicios básicos que representa una vivienda. La toma de una vivienda demuestra la existencia de una situación de emergencia habitacional que en principio cesaría con la toma.
Pero también demuestra la inexistencia de otra vía inmediata para la resolución de la situación crítica habitacional.
En síntesis, en la ocupación ilegal de una vivienda se reconoce por un lado una necesidad, la de las familias que de ese modo se procuran techo y abrigo; y por otro un medio de satisfacción de esa necesidad que no está disponible para cumplir con esa función, sea por voluntad de su legítimo propietario o por otras razones.
Es realista sostener que si las familias procuran techo y abrigo al margen de la ley es porque no pueden hacerlo dentro de la ley. Nadie vive en una casa tomada si dispone de otras opciones.
Es sabido que la vivienda es el núcleo físico en el cual la persona humana puede desarrollar su vida armónicamente. La vivienda es una necesidad básica. Tanto el derecho supranacional como el derecho nacional y local receptan esto y convierten en obligación del estado garantizar el acceso a la vivienda a todos los habitantes.
En nuestro país, este derecho tiene jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inciso 22. De forma análoga, el art. 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma establece tanto el derecho de todos los habitantes a acceder a una vivienda digna, como la obligación del estado de resolver progresivamente el déficit habitacional.
La existencia de más de 100.000 personas habitando propiedades en forma ilegal es uno de los supuestos de hecho que convierten en plenamente operativo el mandato del art. 31 de la Constitución local. Así, la situación descripta impone al estado la obligación de implementar alguna política estatal para resolver o paliar el problema, enmarcada en la progresiva solución del déficit habitacional.
Por lo tanto, podemos afirmar que se encuentra fuera de toda duda la existencia de la obligación del estado de intervenir en esta materia. Pero resta determinar el alcance de su intervención.
Para ello es necesario dar respuesta a algunos interrogantes que surgen inmediatamente. A título meramente ejemplificativo podríamos preguntarnos:
1) ¿Debe intervenir el estado más allá de la garantía judicial del derecho del propietario?
2) ¿Debe limitarse la intervención estatal a atender la emergencia con criterios meramente asistenciales (vgr. subsidios)?
3) ¿Debe preocuparse el estado por resolver la situación social integral de las familias involucradas, o debe limitarse a ofrecer una solución habitacional?
4) ¿Corresponde al estado exigir alguna contraprestación por su servicio?
5) ¿Qué debe hacer el estado con los inmuebles ociosos?
Las respuestas que demos a estas preguntas revelarán un determinado modelo de estado, una ideología. En tiempos de campañas electorales conviene recordar que “la única verdad es la realidad” y la realidad son los hechos, las acciones. No las palabras.
Sin dudas es un tema trascendente y polifacético y más allá de la garantía constitucional al acceso a una vivienda digna para todos los habitantes de la Ciudad, nadie puede afirmar que las respuestas a estos y otros interrogantes que dispara el fenómeno están socialmente saldados. En otras palabras, no hay consenso social acerca de cómo resolver este problema. Probablemente porque el tema habitacional rara vez aparece en la agenda política con la seriedad que merece.
En primer lugar debe definirse si el problema de las casas tomadas es un problema que debe resolverse mediante criterios de asistencia social o a través de políticas de vivienda.
Desde el punto de vista habitacional, el tema de las casas tomadas tiene especificidad propia, lo que exige un tratamiento diferenciado al de otros problemas habitacionales.
Fue esa especificidad, y su emergencia con fuerza a fines de la década pasada lo que originó la sanción, en febrero de 2000 de la Ley 341. Esta ley, si bien no está destinada exclusivamente a solucionar los problemas habitacionales de las familias que viven en casas tomadas, incluye dentro de su objeto material de aplicación a esta situación.
En definitiva, la ley dispone un programa de financiamiento para proyectos autogestionados por familias en situación crítica habitacional, nucleadas o no en organizaciones intermedias como cooperativas, asociaciones mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro. Es sabido que en la mayoría de los casos, las familias que habitan ilegalmente inmuebles se constituyen en cooperativas para resolver en forma colectiva su problema habitacional.
A su vez, durante el gobierno de Ibarra, el Instituto de Vivienda reglamentó esta norma y creó el programa de Autogestión para la Vivienda, cuya implementación permitió algunos resultados importantes.
Para ilustrar el éxito potencial de una operatoria como la descripta debemos recurrir al ejemplo que nos ofrece la construcción de un complejo de 330 viviendas en Parque de los Patricios por la Cooperativa de Vivienda EMETELE, del Movimiento Territorial de Liberación.
A través de este emprendimiento se resolvió la situación habitacional de 330 familias. Pero además, este emprendimiento transformó a desocupados en trabajadores de la construcción; a ocupantes ilegales de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires en propietarios, y por ende, contribuyentes. Se transformó además una manzana que pasó de ser un depósito en desuso a un barrio completamente integrado a la trama urbana y dotado de todos los servicios; y se revitalizó el barrio, logrando un aumento del valor de las propiedades linderas.
Una mirada crítica sobre este tipo de soluciones se basa en sostener que como el problema habitacional es una cuestión social y de interés público, su solución es una función indelegable del estado. Estas mismas posiciones suelen ser críticas de la asunción de funciones estatales por parte de organizaciones intermedias, en este caso, las cooperativas de vivienda.
Pero más allá de la validez o invalidez de este planteo, o del acierto o error tanto en lo que hace a su concepción como en cuanto a la ejecución de esta operatoria, lo real es que se trata de una verdadera herramienta de política de vivienda. Y como tal es progresista. Es efectivamente transformadora, no es un parche asistencialista.
Las situaciones de emergencia habitacional no pueden resolverse en los tiempos que demanda la construcción de viviendas nuevas. Menos aun resulta útil para resolver las situaciones de emergencia el programa de autogestión. Ello así porque la solución habitacional a través de la construcción de vivienda nueva, sea o no autogestionadamente, demanda como mínimo el tiempo de la construcción.
Sin embargo, en los casos de casas tomadas, las órdenes de desalojo recaen por lo general después de mucho tiempo desde que se produjo la ocupación. Es decir, la situación de las familias que viven en las casas tomadas no es una situación de emergencia habitacional mientras dura la toma; lo es al momento de la toma y vuelve a serlo cuando el lanzamiento tiene fecha cierta.
Por lo tanto, no hay excusas. El Estado está en condiciones de planificar la solución habitacional de las familias que habitan en casas tomadas.
Claro que eso requiere de claridad en la formulación de políticas, seriedad en su ejecución y una muy fuerte articulación entre distintas áreas del gobierno.
El gobierno de Telerman se ha caracterizado por intentar diferenciarse nítidamente de su antecesor. En este marco táctico, la política de vivienda del gobierno de Ibarra ha sido duramente criticada en reiteradas oportunidades tanto por el Ministro de Obras Públicas como por el presidente del Instituto de Vivienda.
Pero más allá de la retórica, conviene ver los hechos.
El gobierno de Telerman no sólo no ha implementado ninguna política habitacional frente al problema de las casas tomadas sino que ha desarticulado por asfixia presupuestaria y otras decisiones todo desarrollo posible del programa de Autogestión, y lo ha reemplazado por soluciones asistencialistas de profundo cuño conservador.
Toda la acción del actual gobierno en la materia se ha limitado a la oferta de variados subsidios. Invariablemente ineficaces y caros.
Problemas de la más variada índole como el desalojo de casas tomadas, el desalojo de asentamientos como el Rodrigo Bueno o la Villa Rosa y hasta la situación de los habitantes del desaparecido asentamiento conocido como Villa Cartón se “solucionan” con el consabido subsidio, que en definitiva no funciona ni siquiera como soborno. Los problemas siguen existiendo. Se ha creado y desarrollado la industria del subsidio.
Las autoridades del área de vivienda de la Ciudad jamás se hacen cargo de los problemas del sector. Por lo general formulan visiones paranoicas. Cuando no lo hacen, sencillamente ceden la iniciativa a otras áreas del gobierno.
Ha desaparecido la política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Los campeones de las denuncias sobre clientelismo la han reemplazado por una fantástica kermese, un muestrario de opciones asistencialistas.
Y se autojustifican: “Hay un aumento de pobres, en gran parte porque la Ciudad incrementó sus planes de asistencia. Y al mismo tiempo los juicios de desalojo se resuelven muy rápido. Lo que tenemos, entonces, es al mismo tiempo mucho ingreso y egreso de habitantes", dice Guillermo Güerín, director de Asistencia Familiar de la Ciudad y encargado de entregar los subsidios a las familias desplazadas.
En realidad, la afirmación de que el aumento de pobres se debe a la calidad de la asistencia es cuanto menos desafortunada. Si hay más pobres es porque en la ciudad no se ha generado ni más ni mejor empleo, ni estrategias serias de inclusión social. No porque se brinde mayor o mejor asistencia. Si la asistencia fuese adecuada, lo que debiera aumentar es el porcentaje de asistidos respecto del total de pobres existentes, pero de ninguna manera se sigue que de la calidad de la asistencia derive un aumento de la pobreza.
En materia habitacional no importa si la asistencia es mejor o peor, porque la política de vivienda no es ni debe ser política asistencial, no solo por mandato constitucional sino por mandato ético.
La política asistencial destinada a familias en situación de déficit o de emergencia habitacional coloca a las familias como objeto de la acción estatal, pero nunca como sujetos de la solución de su problema.
El círculo vicioso de la asistencia margina, crea cultura de la marginalidad, del no trabajo. Y no logra los objetivos que persigue: la familia beneficiaria del subsidio a poco de recibirlo ocupa otro inmueble… Se reproduce y multiplica el problema que se supone debe resolverse. Y se medra con eso.
La discusión de fondo es si queremos transformar la sociedad eliminando o al menos morigerando las desigualdades a través de acciones positivas del estado, o queremos implementar soluciones gatopardistas.
En materia habitacional no hay margen de error, hay una situación explosiva que solo se resuelve mediante políticas de estado serias, que involucren la acción complementaria y coordinada de las distintas áreas del gobierno que tienen injerencia en el tema.
La situación de creciente desamparo en la que caen no sólo los desalojados que habitan casas tomadas; la situación de vulnerabilidad habitacional crónica en la que se encuentran sumergidas amplias capas de la población es una flagrante y abierta violación al mandato impuesto por el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad.
El cumplimiento del mandato constitucional debe ser efectivo: hay que terminar con las declamaciones, las escenificaciones y las maniobras de distracción respecto de los verdaderos problemas a los que el gobierno de Telerman nos ha acostumbrado.
CLAUDIO HOISTACHER
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